La alimentación en la Argentina atraviesa un escenario complejo: más de 26 millones de personas viven con exceso de peso, mientras que los déficits de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales afectan incluso a los niños en sus primeros años de vida. A esto se suma que en 2024 la inseguridad alimentaria alcanzó al 35,5% de la población infantil y adolescente.
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La producción nacional muestra una paradoja: hay más de 3300 calorías y 120 gramos de proteínas disponibles por persona, según la FAO, pero no se producen suficientes verduras, frutas, legumbres ni lácteos, los mismos grupos de alimentos que resultan deficitarios en la dieta diaria. En cambio, abundan carnes rojas, granos y harinas, generando un desequilibrio que limita el acceso a dietas saludables y variadas.
Producción, sostenibilidad y pérdidas
El sistema productivo argentino se caracteriza por cadenas complejas que incorporan innovaciones tecnológicas y prácticas de menor impacto ambiental, como la siembra directa. Sin embargo, persisten rezagos productivos, desigualdades entre provincias y un bajo incentivo a diversificar cultivos hacia alimentos más nutritivos.
Además, la logística y la distribución de alimentos generan impactos ambientales considerables. Reducir las pérdidas y desperdicios es otro desafío clave: se calcula que el desperdicio en hogares, supermercados y comercios tradicionales limita la eficiencia del sistema y requiere políticas educativas y de rescate de alimentos más sostenidas.
Precios, acceso y desigualdad
El costo de una dieta saludable es, en promedio, un 37% superior al valor de la Canasta Básica de Alimentos. Comprar 100 calorías de alimentos nutritivos puede ser hasta siete veces más caro que adquirir la misma cantidad en base a harinas o panificados.
La elevada carga impositiva sobre los alimentos explica parte de esta brecha: cerca del 40% del precio no refleja costos productivos sino impuestos. En este contexto, los hogares más pobres reducen la calidad de sus dietas, profundizando la desigualdad nutricional.
Etiquetado, educación y políticas públicas
A casi dos años de la implementación del Etiquetado Frontal de Alimentos, la aceptación social es alta, pero todavía no hay evidencias claras de cambios significativos en el consumo. Expertos advierten que esta medida debe reforzarse con más educación alimentaria y políticas integrales en entornos escolares.
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Los programas como comedores comunitarios y escolares siguen siendo un pilar para la seguridad alimentaria, aunque enfrentan desafíos en calidad nutricional y gestión. A su vez, la discontinuidad del programa ProHuerta y el carácter no alimentario de las transferencias sociales actuales limitan el impacto real sobre la nutrición.
Transformar el sistema alimentario requiere políticas integrales y sostenidas, que alineen producción, precios, educación y sostenibilidad ambiental, para garantizar a toda la población el acceso a dietas saludables y justas.
