El Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027 que presentó el gobierno bonaerense busca abordar la salud mental desde una perspectiva comunitaria, con respeto por los derechos humanos. Su ejecución tendrá una revisión anual, cada 30 de noviembre, para monitorear el desarrollo de sus ejes temáticos, informaron fuentes oficiales.
Se busca garantizar el respeto por los derechos humanos y mejorar la atención de la salud mental, situación que no significa que se va a dejar de internar a una persona por un episodio agudo de crisis. Según se sostiene desde la cartera de salud, la internación es un recurso terapéutico, pero que no puede ser un destino irreversible.
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La ejecución del plan contempla una revisión anual, con corte el 30 de noviembre de cada año, en ámbitos colectivos para su monitoreo sobre el desarrollo de los ejes temáticos. Cada objetivo propuesto se mide con indicadores y metas establecidas para su concreción hasta la fecha de finalización del Plan Integral.
La Provincia cuenta con cuatro hospitales públicos monovalentes:
- “Dr. José A. Esteves” (Temperley, Lomas de Zamora).
- “Dr. Alejandro Korn” (ex Melchor Romero, La Plata).
- “Dr. Domingo Cabred” (Open Door, Luján).
- “Dr. Domingo J. Taraborelli” (Necochea).
Todas son instituciones cerradas que, según los expertos, producen una cronificación de los pacientes, un deterioro de su salud y una pérdida de los lazos sociales.
En ese sentido, desde la Provincia se explicó que el nuevo plan “constituye otra política de cuidado para los bonaerenses: el 42% de las personas internadas en las instituciones públicas de Salud Mental tiene como mínimo 10 años de internación. Eso indica que el problema es otro. No hay ningún motivo de salud mental capaz de explicar una internación crónica”.
Por eso, voceros gubernamentales sostuvieron que se trata de un modelo absolutamente perimido y que todas las razones (legales, sanitarias y de derechos humanos) confluyen en señalar que el paradigma debe ser el de la atención de las personas con base en su comunidad y en el marco de una política sanitaria sin formatos de encierro o aislamiento.
El gobierno provincial presentó, en julio de 2021, la comisión interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos que trabaja para desterrar los manicomios de la Provincia. Está presidida por el ministerio de Salud bonaerense, coordinada por Jefatura de Gabinete e integrada por representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de las Mujeres, de Seguridad y de Comunicación Pública.
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A través de esta comisión, el Gobierno provincial se suma al trabajo que viene realizando el Gobierno nacional, desde que se sancionó en 2010 la ley nacional de Salud Mental 26.657, que busca sustituir los neuropsiquiátricos por otros dispositivos de atención en un esfuerzo para avanzar en un proceso de “desmanicomialización”.
Desde diciembre de 2019, la Provincia dispuso el cierre de nuevos ingresos a los pabellones crónicos de los neuropsiquiátricos, mientras lleva adelante externaciones de pacientes internados crónicos, e instaló un sistema de relevamiento y monitoreo para todos los neuropsiquiátricos públicos.
Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, sostuvo que “la manera de abordar la salud mental es intersectorial, para que sea integral y se pueda reconocer a las personas en la integralidad de situaciones que determinan sus vidas: por eso se trabaja en la desmanicomialización”.
La ley define un modelo de atención basado en las comunidades y obliga al cierre de los hospitales monovalentes/manicomios para su sustitución definitiva por dispositivos con base en las comunidades.
