En 2010, en la Argentina, se decretó la Ley 26.657 de Salud Mental, que reemplazó a la 22.914 e introdujo muchos cambios. Se reglamentó en 2013 y su objetivo superador era la defensa de los derechos individuales de los pacientes, evitando los posibles excesos de la intervención psiquiátrica, generando un contexto equivalente a sus excepciones y abusos.
En esa línea lógica nada podría existir. La realidad de la psiquiatría no era ni es esa, pero los gestores de la reforma la desconocían porque no la practicaban ni era su campo.
La ley enmarcada en algunos casos por psicólogos que no ejercían la profesión, fue escrita por abogados y reglamentada políticamente. Y en ese ambiente de desconocimiento, colisionaba con la realidad de los pacientes psiquiátricos, ya que de ellos se trata.
Si la ley hubiese sido enunciada para la salud mental general, ese bienestar obviamente nos incluye a todos, pero al dedicarse a personas con patologías psiquiátricas que los eslabones de la cadena de la nueva jurisprudencia desconocían, difícilmente podía ser aplicable.
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La “mejora” implicaba una práctica de la “Salud Mental” en detrimento de un marco aparentemente más limitado: la especialidad médica Psiquiatría. La positiva interdisciplina, que ya existía desde décadas, llevaba un caballo de Troya: sacarla del marco de la medicina y eliminar al médico. El modelo era la desmanicomialización para indicar que psiquiatría equivalía a asilo psiquiátrico como depósito de seres sin futuro ni recuperación, una versión de película de terror.
Al salir del ámbito médico, un paciente sería abordado por un equipo interdisciplinario en el que todos actuarían en un marco de igualdad, aún sin tener formación clínica. Esta misma idea aplicada a cualquier área de la salud, sería imposible de llevar a cabo, pero dado el difuso concepto de salud mental, se formuló y más tarde reglamentó.
La primera cuestión, signo de su vertiente ideológica, era suplantar la palabra Psiquiatría por Salud Mental. Así se establecieron inevitablemente dos bandos: por un lado, están los médicos y, por el otro, trabajadores sociales, psicólogos y diversos intervinientes en el campo de la sanidad.
En los escritos esto funcionaba mejor, ya que los derechos humanos del individuo estarían más protegidos. Desde la corriente antipsiquiatría, de gran difusión en redes sociales, quitar poder al médico era una actividad que iba hacia la libertad y el bienestar del ser.
¿Qué ocurre pasada ya una década?
Como siempre la realidad impone su tiranía. Menos recursos, menor capacidad de respuesta, de diagnóstico (ya que el mismo no importaba) y por ende tratamiento, ya que de salud se trata. Todo esto ante una verdadera epidemia de patologías psiquiátricas, especialmente de adicciones.
¿Como contestarle a una madre que no sabe qué hacer con su hijo adicto que corre peligro y no acepta tratamiento, ya que no se considera enfermo? ¿Como esperar convencer de la realidad a alguien que ha perdido la conexión con ella? Los familiares pagan esa enorme cuenta pendiente, pero también la sociedad en los casos “aberrantes” y “únicos”, pero lamentablemente frecuentes y lógicos de alguien abandonado a su destino. La violencia incontrolada y el violento que, en algún caso, es emergente de una patología y pedido de auxilio, resulta librado junto a sus víctimas al azar.
No establecer normas propone una falsa idea de libertad que en realidad es dejar a alguien vulnerable, indefenso y abandonado.
La Salud, la Justicia, la Seguridad son necesidades de todos, ahora el problema es quién la aplica o quién se hace cargo. No es imaginable una justicia sin poder judicial y abogados, o una seguridad sin fuerzas de seguridad.
Si parece posible el tratamiento de las enfermedades mentales sin quienes se capacitan en esa materia, los médicos psiquiatras, a quienes sin eliminarlos se los relativiza. ¿Qué sucede entonces en la práctica? Lo mismo que si por las fallas en el sistema de justicia o seguridad se realizaran equipos interdisciplinarios en esas áreas relegando a quienes se formaron e hicieron carrera para ello: sobreviene el caos.
En definitiva, en las situaciones prácticas, concretas, el sistema no puede resolverlo. Pero quizás ese sea el fin.
(*) Enrique De Rosa Alabaster (M.N. 63.406), es especialista en Psiquiatría y Psicología Médica, en Neurología y en Medicina Legal y Forense.
