La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de presuntas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas.
Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia profundiza ahora la trazabilidad del dinero y apunta a un grupo de intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones.
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Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las pistas centrales involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que un conjunto reducido de droguerías se quedara con contratos millonarios en el organismo.
La fiscalía sostiene que Calvete le entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, figura clave en la presunta operatoria de lavado.
“Se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”, describe el dictamen.
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La investigación indica además que Guadalupe Muñoz —pareja de Calvete— cumplía un rol operativo en el circuito: recibía cheques provenientes de las empresas y los remitía a Pocoví para que éste “procediera a movilizar los fondos”.
Ese flujo de dinero llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que —según una de las líneas que se analizan— sería en realidad Finanzas Sur, firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. El martes fue allanada en busca de documentación relacionada con esta operatoria. Por ahora, advierten fuentes judiciales, se trata de “pistas” sin conclusiones firmes.
Pocoví habría colocado dentro de Finanzas Sur parte de la plata de las coimas y de los sobreprecios. Todo forma parte de un incidente dentro del expediente que es reservado.
Otro de los nombres bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, también mencionado como posible engranaje para lavar parte de los fondos. Según el expediente, Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country de Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS y una de las figuras centrales de la causa.
El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Spagnuolo una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., firma vinculada a él. En paralelo, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron millones de pesos a Baires Fly, por un total cercano a los $100 millones. Poco después, Mastropietro le mandó a Calvete tres facturas —una por cada firma— donde figuraba la descripción “por compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas”.
Se cree que se trató de una maniobra de posible lavado de dinero.
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Mientras la trama financiera se reconstruye, la agenda judicial avanza. Esta semana declararon —sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una secuencia intensa de citaciones previstas para diciembre, que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. La etapa cerrará con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, convocados entre el 1 y el 5 de diciembre.
La causa tiene dos ejes: el presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, y un esquema de coimas que habría funcionado dentro y fuera de la estructura formal del organismo. La investigación detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas ajenas al organismo.
Además, la Justicia determinó que un grupo de personas ajenas al organismo tenía posibilidad de “intervenir” en las licitaciones. Tal es el caso de Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche.
Durante la gestión de Pablo Atchabahian en ANDIS en el período 2018-2019, esta mujer prestó funciones como Directora de Prestaciones Médicas, y hasta hace muy pocos días trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.
“Ella era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”, señaló el dictamen.
La investigación determinó que cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini.
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Otro capítulo involucra a los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según las conversaciones incorporadas al expediente, habrían dado indicaciones sobre proveedores, sanciones y montos a liberar. En paralelo, imágenes de cámaras de seguridad y registros de visitas muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete en un intercambio que, para la fiscalía, involucró la entrega de al menos $5 millones en efectivo.
La causa comenzó tras audios viralizados en agosto en los que una voz atribuida a Spagnuolo hablaba de un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y mencionaba la participación de Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, decía, y aseguraba contar con “todos los WhatsApps de Karina (Milei)” como respaldo.
