Nuestras instituciones sanitarias brindan una muy desigual protección contra la pandemia, según el nivel social y el lugar del país en que vivamos. Así, dado que algunos argentinos están bien protegidos, pero otros no, el Estado tiene el enorme desafío de compensar las diferencias, y hacerlo rápido para minimizar los daños del brote.
Pero la situación económica es aún más grave y complicada. Porque no sólo es muy desigual, sino en general más frágil. La debilidad estructural de nuestra economía determina que prácticamente nadie, ningún sector social ni actividad, va a quedar a salvo del temporal. Y hay millones de personas en situación precaria a las que la subsistencia se les va a complicar muy rápida y drásticamente, y es muy difícil llegar con medidas de atención. Son los que viven en la economía informal, dependen de changas y autoempleos que ya venían mal, y ahora de un día para el otro se derrumban o extinguen.
La alarma se dispara con la suba sin respiro del riesgo país, la ya desde antes difícil y ahora por completo incierta renegociación de la deuda, y la caída de las exportaciones. Pero todo eso no es más que el principio del drama.
A medida que el país se detiene, el nivel general de actividad y de consumo se desliza por un plano inclinado cuyo final se desconoce. E importa atender al hecho de que se trata de promedios, compuestos de una parte que se ve afectada solo moderadamente, por ejemplo la que depende de un ingreso fijo en el sector público o en empresas grandes con espalda, otra que va a caer mucho, el pequeño comerciante y el profesional de servicios, el turismo en general, y finalmente una que no tiene piso ni red de contención.
La Argentina es un país en que millones de personas viven en la informalidad y dependiendo para mantenerse a flote de ingresos diarios que apenas les alcanzan. Remiseros y conductores de uber, proveedores de servicios de reparación, obreros de la construcción, comerciantes callejeros y muchos etcéteras. A esos millones no les llegan las licencias excepcionales dispuestas por el gobierno, ni les aplica el teletrabajo, al contrario, esas disposiciones y el encierro dispuesto para contener los contagios los condenan a la inanición, en forma automática.
Y el problema se complica aún más pues es muy difícil llegar a esa mucha gente a la que el ingreso se le redujo a cero en cuestión de días. Es oportuno que se aumente la AUH, claro, pero ¿qué se hace con quienes no cualificaron para recibirla y ahora pueden estar aún peor que los que sí están cubiertos?
Durante la última campaña electoral, se discutió intensamente sobre la conveniencia o no de “poner plata en el bolsillo de la gente”, y sobre la mejor forma de hacerlo. Los términos de ese debate han quedado del todo trastocados por la emergencia, que repone y de modo urgente la cuestión: de lo que se trata ahora es de pensar lo más rápido posible el modo de cubrir a quienes pueden verse más afectados en lo inmediato, y tal vez no se consideraron hasta ahora los más necesitados, porque nadie imaginó que la economía podía congelarse de pronto. Tal vez sería oportuno que las autoridades consideraran, por ejemplo, abrir un registro de actividades y personas en esta situación, y les extienda por un tiempo los mismos beneficios de la AUH. O se les distribuya tarjetas alimentar. Lo más rápido posible.
Es oportuno que se aumente la AUH, claro, pero ¿qué se hace con quienes no cualificaron para recibirla y ahora pueden estar aún peor que los que sí están cubiertos?
Hay quienes se consuelan pensando que la crisis, aunque aguda, puede ser breve, y que pasado el brote de la enfermedad, el nivel de actividad va a recuperar todo lo perdido en un corto período de tiempo.
Convendría tal vez hacer como con el tratamiento del virus: esperar lo mejor pero prepararse para lo peor. Sobre todo en un caso como el nuestro, en que la economía acumula tantos problemas estructurales sin resolver. Porque es también probable que el coronavirus se parezca a una inundación, en que lo peor empieza cuando baja el agua.
