El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral, que impulsa un conjunto amplio de reformas orientadas a actualizar el marco laboral y fomentar el empleo formal. A este paquete se suman, además, diversos artículos de carácter impositivo que buscan mejorar los incentivos a la inversión y simplificar el esquema tributario.
Dentro de las iniciativas impositivas, se destaca la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que contempla beneficios como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para proyectos productivos de hasta USD 30 millones. Asimismo, el proyecto prevé una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que pasarían del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para los ejercicios fiscales a partir de 2026.
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A esto se suma la eliminación de los impuestos internos que gravan a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los bienes suntuarios, los vehículos automotores y motores, las embarcaciones de recreo o deportivas y las aeronaves. También se propone la eliminación de dos impuestos cedulares —el que grava la renta inmobiliaria y el que recae sobre la renta financiera, con excepción de las monedas digitales— y la supresión del cargo del 10% sobre las entradas de cine destinado al financiamiento del INCAA.
El impacto fiscal total del proyecto se estima en torno al 0,83% del PBI. De ese total, aproximadamente 0,5 puntos del PBI corresponden a la reducción de las contribuciones patronales incluidas en el capítulo laboral. El 0,33% restante se explica por los incentivos tributarios, principalmente la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (alrededor de 0,2% del PBI) y la eliminación de determinados Impuestos Internos (cerca de 0,1% del PBI).
El plano financiero
El Tesoro llevó adelante dos licitaciones relevantes, una en dólares y otra en pesos, en las que logró cumplir con los objetivos de financiamiento y refinanciamiento. En ambos casos, consiguió captar fondos y rollear la totalidad de los vencimientos, en un contexto exigente pero con señales de progresiva normalización.
La Secretaría de Finanzas anunció la colocación de USD 1.000 millones del Bonar 2029 (AN29D), lo que marcó el regreso del Tesoro a los mercados de financiamiento en moneda extranjera luego de casi ocho años. El bono, con un plazo de cuatro años, cupón del 6,5% y legislación local, fue adjudicado con un rendimiento de corte del 9,26%. Si bien la tasa resultó levemente superior al objetivo inicial del Ministerio de Economía —que aspiraba a ubicarla por debajo del 9%—, el resultado puede considerarse positivo: se trató de una tasa de un dígito y menor a la de los bonos hard dollar existentes de duración comparable.
La colocación se realizó bajo la par, con un precio cercano a USD 910, por lo que el Tesoro habría recaudado aproximadamente USD 910 millones. Estos fondos se destinarán al pago de amortizaciones de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero, junto con un eventual repo con bancos internacionales para completar los USD 4.200 millones de vencimientos totales.
En paralelo, y con un día de diferencia, la misma Secretaría enfrentó vencimientos en pesos por algo más de $20 billones, recibiendo ofertas por $21,27 billones, lo que implicó un rollover del 102%. Se trató de una licitación particularmente exigente, la única del mes y en un contexto de elevada demanda estacional de liquidez. Entre los aspectos positivos se destaca la extensión de la duration a partir de mayo de 2026 y una tasa promedio de las LECAPs del 2,35% TEM, inferior a la de licitaciones previas y en línea con la inflación.
La colocación del Bonar 2029 representa un primer paso hacia la normalización del financiamiento del Tesoro, al permitir la emisión de deuda en dólares a una tasa de un dígito. Si bien la tasa refleja una confianza aún parcial, el cumplimiento de los vencimientos de enero y una eventual aceleración en la acumulación de reservas podrían contribuir a una compresión adicional del riesgo país.
En síntesis, el proyecto ingresado al Congreso será objeto de debate y seguramente incorporará modificaciones durante su tratamiento legislativo. Los avances hacia una modernización del marco laboral constituyen una señal positiva y un paso necesario para un mercado de trabajo que ya venía ajustándose: desde 2012, el empleo privado registrado creció apenas 3%, frente a un aumento del 42% del empleo independiente. No obstante, el principal motor para la creación de empleo seguirá siendo el crecimiento sostenido de la actividad económica.
En este sentido, los cambios impositivos —más allá de la necesaria reducción del costo laboral— deben avanzar de manera coordinada, ya que contribuyen a simplificar un esquema tributario excesivamente complejo. El núcleo de las distorsiones aún requiere una reforma más profunda de tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o las retenciones, que continúan desincentivando la producción y la inversión.
(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.
