Cuando se habla de cuestiones previsionales, automáticamente recurrimos a la movilidad. No obstante, lo deseable es un ordenamiento integral que corrija los crónicos déficits financieros. Desde luego que se necesita tiempo, planificación y una transición que aborde lo más crítico. En efecto, parte de la agenda del Pacto de Mayo es la reforma previsional.
Naturalmente, incluirla es acertado porque el sistema sufre una fuerte crisis y es el factor desestabilizador de las finanzas públicas nacionales y de la mayoría de las provincias. Además, es la institución con mayores compromisos generales (derechos intergeneracionales) y el impacto del envejecimiento poblacional conlleva la necesidad estratégica de cuidar la política previsional.
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La actual administración planteó en la ley Ómnibus suspender la fórmula de movilidad para pasar a aplicar ajustes discrecionales. La oposición lo rechazó y busca reemplazar la actual fórmula, que se centra en 50% salarios y 50% recursos tributarios de la ANSES, por otra en la que la movilidad sea mensual y en función de la inflación.
Para enmarcar la urgencia en materia previsional es útil comparar los haberes actuales respecto al promedio de las últimas tres décadas. Tomando información oficial, y contemplando una inflación del orden del 13% y 10% para febrero y marzo aproximadamente, se observa que, en marzo 2024, el haber mínimo es de $134.445, un 41% más bajo que el promedio histórico 1995 - 2024. Por su parte, el haber mínimo más el bono es de $204.445, un 14% inferior al promedio histórico. Y por último, el haber medio de los jubilados que no usaron las moratorias es de $299.407, un 29% inferior al promedio histórico.
En sí, el deterioro en el poder de compra es muy profundo. En marzo operó la movilidad trimestral, por ende en abril y mayo el deterioro se profundizará. Entre los haberes más bajos, la caída se modera por el bono. Aunque, en el caso de quienes no usaron las moratorias, la licuación llega a casi un tercio del haber.
El sistema es estructuralmente deficitario y está lleno de inequidades. Con los aportes y contribuciones, se financia la mitad de los gastos, los regímenes especiales cubren al 3% de los jubilados aunque absorben el 10% del gasto, más de la mitad de los beneficios se dieron con alguna moratoria y crecen los beneficiarios con doble cobertura que ya llegan a 1,2 millones de jubilados.
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En resumen, hay que emprender un ordenamiento del sistema previsional donde el cambio en la movilidad es apenas uno de los ítems. También es relevante eliminar los regímenes especiales, suplantar el requisito de un mínimo de 30 años de aportes para acceder a la jubilación por un esquema que sea proporcional a los aportes, afinar la PUAM, examinar la pensión para los convivientes y establecer la regla de que la edad jubilatoria se ajuste para acompañar el envejecimiento.
Hoy lo que urge es que el Poder Legislativo se aproxime a una ley de transición hacia el ordenamiento integral del sistema. Y, dentro de ello, establecer la movilidad mensual con base en la inflación y con una articulación correcta con la actual fórmula, fijar un bono para quienes no accedieron por moratorias, cambiar los regímenes especiales y que la ANSES pague los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas con las provincias.
(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA
