A partir de esta semana la Argentina se convirtió en el primer país en contar con un marco normativo que reconoce derechos y necesidades específicas de las personas trasplantadas.
La Reglamentación de la Ley N º26.928 de Protección Integral para Personas Trasplantadas garantiza que los intervenidos o los individuos en lista de espera puedan acceder de forma gratuita a viajes de corta, mediana y larga distancia y reciban el 100% de la cobertura de medicamentos y estudios diagnósticos. Además, para aquellos que estén desempleados, le permite acceder a una asignación mensual no contributiva, que equivale a la pensión por invalidez.
Los individuos contemplados por la nueva Ley podrán recibir un certificado extendido por el Incucai o los organismos provinciales, y será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el organismo que aplique y ejecute los beneficios.
“Es muy valioso contar con un instrumento legal que garantice el cuidado de los pacientes, tanto quienes se encuentran en lista de espera, como quienes recibieron un trasplante”, indicó Carlos Soratti, titular del Incucai.
