Primero cayó Ricardo Jaime, luego José López y ahora Julio De Vido. Todos coincidieron en el ministerio de Planificación Federal. Ahora, en la cárcel de Ezeiza. Todos, investigados por corrupción. El gobierno de Mauricio Macri se adelantó el año pasado a las detenciones de los exfuncionarios de Cristina Kirchner: el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques, implementó un programa para que los guardiacárceles no cedieran ante la tentación de la plata de los poderosos caídos en desgracia. Para que, en definitiva, cumplan con su trabajo. Es que en esa prisión, aunque de máxima seguridad, todo puede pasar.
La pasividad, por negligencia o corrupción, de algunos guardiacárceles fue aprovechada varias veces por los internos para escaparse. 13 delincuentes de máxima peligrosidad hicieron un agujero de 22 por 40 centímetros en la celda 22 del pabellón B del módulo 3, cavaron un túnel sobre hormigón reforzado y se fugaron el 20 de agosto de 2013 de la prisión más controlada de la Argentina.
El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, renunció al día siguiente no sin antes denunciar la connivencia entre funcionarios y detenidos: "Ezeiza es un complejo de máxima seguridad. La fuga no se podría haber llevado a cabo sin complicidades internas y una logística externa".
Uno de los investigadores de la fuga fue más directo ante TN.com.ar: "Se escaparon 13 de 36. Al celador se le escapó el 36 por ciento del pabellón. ¿Dónde estaba? ¿No se dio cuenta? ¿Por qué cuatro brasileños, que se habían fugado juntos de prisiones en su país, estaban en el mismo pabellón?".
El Gobierno cambió el 10 de diciembre de 2015, pero siguieron las fugas. Un interno se escapó por la puerta principal, pero fue recapturado en un boliche cercano. Otro hizo lo mismo desde el Hospital Penitenciario Central (HPC). Un tercero intentó salir por una ventana, pero los guardias esa vez se avivaron.
El nuevo director del SPF, Emiliano Blanco, separó el 3 de septiembre de 2016 de manera preventiva al jefe de la cárcel de Ezeiza, Héctor Retamozo, por un supuesto plan de fuga de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo: Henry de Jesús López Londoño. "Mi Sangre".
María Gabriela Ricagno, defensora del colombiano, intentó el día anterior ingresar a la cárcel con un mapa detallado de las comisarías de Ezeiza, que fue decomisado en la requisa inicial. La abogada consiguió entrar un celular con Internet. Finalmente, los guardias lo encontraron en la celda de su cliente. La mujer fue procesada en primera instancia, pero la cámara luego dictó la falta de mérito. "Mi Sangre" fue extraditado a Estados Unidos.
El prefecto Jorge Vassilión, sucesor de Retamozo como jefe de la cárcel, estuvo sólo diez meses en el cargo. Blanco lo desplazó el 13 de julio de este año luego de que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denunció que siete internos se suicidaron entre enero y julio ante la pasividad de los guardias.
El nuevo jefe de la cárcel, René Azcona, tiene que lidiar con más de 2 mil internos, entre ellos, De Vido, López y Jaime. También con el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco; con Juan Pablo "Pata" Medina; y el exjefe del Ejército, César Milani.
Todos -salvo Chueco- están alojados en los pabellones C y D de la Unidad Residencial VI. Allí rige el Sistema de Intervención para la Reducción del Índice de Corruptibilidad (IRIC), creado en 2016 por el Gobierno, para que los guardiacárceles rechacen cualquier interno de soborno de presos por corrupción.
De Vido, como los otros, cumple con la mayoría de los requisitos establecidos en el IRIC: tiene alto poder adquisitivo (declaró bienes por 2,8 millones de pesos en 2016), procesamiento en causa por corrupción (el juez federal Claudio Bonadio lo notificó de esa condición en la causa por la contratación de barcos de gas natural licuado) y capacidad de influir en altas esferas gubernamentales (fue doce años ministro de la Nación).
El IRIC también se implementó en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Allí están detenidos Omar "Caballo" Suárez; Roger Terán, exintendente de Otatí, a juicio por narcotráfico, su exvice, Fabio Aquino, y el excomisario del pueblo, Diego Alvarenga Ocampo; Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner; Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado de De Vido; y Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión.
Existe una pequeña posibilidad de que De Vido sea trasladado a Marcos Paz, pero pasará todo el fin de semana en el hospital de la cárcel de Ezeiza. La celda 126 del HPC no se parece en nada al despacho que ocupó durante 12 años en el ministerio de Planificación Federal.
El hombre, de 67 años, tiene varios problemas de salud, pero bastantes más en la Justicia. Su abogado, Maximiliano Rusconi, criticó a los medios de comunicación, pero a la vez los usó para enviarle un mensaje directo a la expresidenta Cristina Kirchner: "Mi cliente decidirá si tiene que contar cosas".
