Mientras todos hablan de los cuadernos de la corrupción K, con las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en el gobierno de Cristina, otra pelea sigue, por ahora en el ámbito administrativo, con la Asociación Civil inventada por los K, y que parece que también sería una herramienta de circulación de dinero obtenido de una manera no explicada claramente.
La página de Internet de este instituto expresa el significado de la sigla Patria: Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana. Con una oferta de cursos variada e interesante para cualquier simpatizante de Cristina Kirchner que quisiera acercarse a una “reserva doctrinaria” para seguir bajando línea y recaudando fondos para los partidarios.
Pero, buscando en la página, más abajo, aparece la respuesta a la IGJ (Inspección General de Justicia) por una supuesta persecución política que están sufriendo sus miembros, especialmente la expresidenta Cristina Kirchner. El título: "Contestación del Instituto Patria frente a la persecución política del gobierno de Macri".
En una extensa carta pública, rechazan la intimación de la IGJ, quejándose de su difusión por la prensa "adicta". Dice la carta que el Instituto Patria no tiene nada que ocultar y en consecuencia toda la contabilidad y los libros se encuentran a disposición para su control. Entonces, ¿qué reclama la IGJ si está todo a disposición?
La IGJ intimó al Instituto Patria (Asociación Civil) para que haga aclaraciones del Balance 2017. Del propio balance presentado, según IGJ, surgen datos no explicados. Por ejemplo algunos pagos realizados que se traducen en aumentos de alquiler del 45% respecto del año anterior. Esta suma no detallada asciende a a $ 1.263.522 en el año.
Cristina en la carta pública se queja de que la IGJ insiste en pedir información sobre los bonos contribución de 200 y 500 pesos con los que reciben aportes en la institución. Entonces no habría problema en dar la información y no habría conflicto... pero sí lo hay. La IGJ afirma que los muchachos del Instituto Patria no aclaran el concepto “bonos contribución” que utilizan como medio de recaudación de todo concepto.
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La IGJ sospecha que pueden de esta manera estar evadiendo control de los aportantes, a los que no identifican. La IGJ ve con preocupación que en Patria recaudan más de medio millón de pesos en cursos pero no aclaran cuáles son los convenios para realizarlos y financiarlos. La Inspección General de Justicia pide el listado de asociados para poder verificar que los ingresos declarados como cuota social coincidan con los asociados de la entidad, y que estos estén realmente aportando, cosa que el “Instituto” no aclara.
En relación a este tema, la IGJ impulsó el juicio político de los jueces de la Sala L de la Cámara Nacional en lo Civil y en la Corte hay un recurso extraordinario que IGJ presentó contra el fallo adverso, del que habla la carta de Cristina para el Instituto Patria. En la carta, la expresidenta manifiesta que todo es una acción del gobierno de Macri que incluye una persecución a los jueces que no deciden conforme a los intereses del gobierno. Suena conocida la frase... pero atribuida a la conducta del propio gobierno de Cristina.
Desde la IGJ no entienden cómo la Sala L de la Cámara Civil pudo haber fallado de esa manera porque con su decisión los jueces equiparan a la asociación civil con un partido político y por ese motivo no se les podrían pedir los datos de quienes son los aportantes, porque un organismo del estado podría perseguirlos políticamente, mientras, según la IGJ, los partidos políticos sí tienen que declarar quiénes son sus aportantes, tal como se está discutiendo y reclamando en estos días. Para la IGJ es gravísimo que jueces elegidos en democracia piensen y escriban eso en una sentencia, y por eso dicen que pidieron el juicio político.
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La IGJ, además, señala que en el Instituto Patria tienen deudas por aportes a la seguridad social por 70 mil pesos, además de un plazo fijo por 300.000 pesos en el Banco Credicoop, del cual no informan cobro de intereses en un año. El organismo afirma que hay varias cuestiones del balance que no explican o de las que no presentan documentación respaldatoria. Ya fueron intimados a que den las aclaraciones que correspondan. Si las hubieran presentado, nadie estaría reclamando nada. "Por ende si no la presentan y se quejan, es porque no la tienen", deslizan desde los pasillos de la Inspección General de Justicia.
Mientras no haya por ahí algún cuadernito como esos que está leyendo Claudio Bonadío y realmente existan comprobantes, no habrá de qué preocuparse. Usando las mismas palabras de la carta del Instituto, si “todo está a disposición”, que se ponga a la vista. Total si no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema? Si no ya empezás a pensar mal, y creer que la corrupción también tuvo y tiene como herramienta al Patria.
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Una vez más, los dichos y los hechos parecen chocar de frente en el mundo K. La misma carta del instituto describe cómo se maneja un gobierno que hace política de apriete, y cuenta lo que hacían en el gobierno justamente de ella. Si todos son iguales, y todos manipulan y truchan las cosas, entonces todos pueden volver a gobernar, total, roban pero hacen, y todos manipulan a todos, a la prensa, a la Justicia, a los funcionarios de menor rango. Esa parece ser la única línea ideológica que profesan algunos actores políticos, mientras hablan de inclusión y bien común.
Patria y Pirata se escriben usando las mismas letras, pero significan cosas totalmente distintas. ¿Será Patria? ¿O Pirata? ¿Harán Patria, o Plata? Por ahí la respuesta está escrita en algún cuaderno, de esos “barattos” que andan por ahí.
