Un rumor o dato falso comienza a circular por las redes. Un referente político o mediático lo da por cierto, lo comparte como si fuera verdad. Más medios se hacen eco no ya del rumor, sino de las repercusiones. Cuando una noticia falsa -- también llamadas fake news- llega a la agenda de los medios, logró su objetivo: desinformar.
Eso pasó la semana pasada, luego de que un blog que tiene como lema "periodismo de investigación por amor a la patria", publicara el lunes que la Justicia Federal "imputó al presidente Mauricio Macri, al exministro de Energía, Juan José Aranguren, y al exsecretario de Energía, Javier Iguacel, por la privatización de Ensenada de Barragán y Brigadier López", dos centrales termoeléctricas.
Minutos después, la diputada del Frente para la Victoria (FPV), Fernanda Vallejos, escribió lo mismo en Twitter y otros colegas no tardaron en replicarlo: Rodolfo Tailhade, Felipe Solá y Adrián Grana. Y luego lo reprodujeron medios afines al kirchnerismo como Página/12, El Destape, Mañana Sylvestre, Infonews e Infocielo.
Según pudo confirmar TN.com.ar con fuentes judiciales, el juez federal Daniel Rafecas le delegó la denuncia presentada en 2018 por los diputados Vallejos y Tailhade al fiscal federal Gerardo Pollicita, quien le pidió al magistrado abrir una investigación y, hasta ahora, no imputó a ningún funcionario ni empresario.
El Disenso, el blog que primero publicó la falsa información, indicó al pie de su posteo que su fuente había sido el "parte de prensa del equipo de Rodolfo Tailhade", compañero de bancada de la diputada y autor de la denuncia. Sin embargo, ni la imputación ni la privatización son por ahora una realidad.
Los medios aseguraban que las imputaciones fueron consecuencia "de privatizar a precio vil" las dos termoeléctricas. Sin embargo, desde la secretaría de Gobierno de Energía informaron a TN.com.ar que el proceso de venta se encuentra en la etapa de apertura de sobres.
Según informaron desde el Gobierno, Central Puerto, una empresa en la que Nicolás Caputo -amigo del Presidente- tiene el 4% de las acciones, ofreció U$S 326 millones por la de Brigadier López. Para la de Ensenada de Barragán, esa compañía ofertó U$S 583 millones e YPF, menos, unos U$S 533 millones. La secretaría todavía no las adjudicó.
Cuando TN.com.ar le preguntó a Vallejos por qué había asegurado que la Justicia avanzó con las supuestas imputaciones, se justificó: "Hay un requerimiento de instrucción por parte de la fiscalía a partir de la denuncia que se hizo oportunamente. No soy abogada, pero entiendo que los medios hablan de 'imputación' por cuanto los denunciados están claramente identificados en la denuncia".
El decreto de la polémica
Los investigadores judiciales por ahora tienen dos elementos para empezar el análisis: la denuncia de Vallejos y las notas periodísticas -con las que la legisladora fundamentó su presentación por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública nacional", "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", "cohecho pasivo", "cohecho activo", "tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad"-.
A través del Decreto 882/2017, el presidente Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el por entonces ministro Aranguren resolvieron en el artículo 6 "impulsar las medidas necesarias para que Integración Energética Argentina SA (Ieasa) proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia" de "los activos correspondientes a las centrales térmicas de generación eléctrica 'Ensenada de Barragán' y 'Brigadier López' así como la transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales".
Según la denuncia de Vallejos, fundamentada en notas periodísticas, Enarsa -ahora Ieasa- aprobó en diciembre de 2016 "la rescisión de los contratos entre esa empresa estatal y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la española Isolux y la local Iecsa" para la finalización de las termoeléctricas de San Lorenzo y Ensenada. Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, había ganado las dos licitaciones en 2008 cuando la presidenta era Cristina Kirchner.
"La ruptura del convenio se produjo luego de una larga negociación entre Enarsa y la UTE porque nunca llegaron a un acuerdo de redeterminación de precios", puntualizó Vallejos en su denuncia. Las empresas pedían $8.900 millones para continuar con las obras, pero la estatal finalmente accedió a pagarles $520 millones por la rescisión, perdonarles una deuda de $1.000 millones y comprarles por $1.100 millones los materiales que habían adquirido para los trabajos. Dos exgerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, participaron como funcionarios de Enarsa del proceso de privatización.
En ese escenario, Vallejos agregó en diálogo con este medio: "Espero que la Justicia pueda avanzar en esclarecer la verdad en un tema muy sensible, que afecta al patrimonio de los argentinos, en la medida que el Estado nacional realizó una inversión muy importante para el desarrollo de estas centrales y es realmente inadmisible que se enajenen a precio vil en beneficio de grupos empresarios vinculados al propio Gobierno con la intervención de hombres de esos mismos grupos económicos de uno y otro lado del mostrador".
El fiscal Pollicita primero deberá determinar si la denuncia, a la que le pidió al juez hacer lugar, plantea una acción que configure un delito penal y, en ese caso, luego imputárselo a los funcionarios (ex y actuales) y empresarios que considere necesario.
