En un Senado movilizado por el enfrentamiento entre Victoria Villarruel y el gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que lidera Norberto Di Próspero -y del que dio cuenta TN el pasado fin de semana-, la Comisión de Asuntos Constitucionales, liderada por la cordobesa Alejandra Vigo, busca iniciar el tratamiento de la sanción de la Cámara de Diputados a favor de los cambios en la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Antes de las elecciones del pasado 26 de octubre, la Cámara Baja, en la sesión del 9 del mes pasado, aprobó la mayoría de las modificaciones a la regulación sobre los DNU y la legislación delegada, pero no logró sancionar un artículo clave. La votación contó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.
Los bloques opositores impulsaron los cambios que hizo el Senado en su primera sanción, mientras que el oficialismo consiguió bloquear el punto central, lo que hace que ahora la norma vuelva a la Cámara Alta para su revisión y definición. El artículo tercero no alcanzó un mínimo de 129 votos a favor. Arribó a 127 y no obtuvo la mayoría absoluta. Ese artículo ponía un plazo de 90 días para que el Congreso pueda expedirse sobre la validez de los DNU.
Leé también: Presupuesto 2026: la oposición quiere avanzar con su versión del proyecto y desafía la estrategia del Gobierno
Este es el motivo central de la reunión de hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales que deberá resolver si acepta la modificación de Diputados, ya que la Cámara Alta estableció que un DNU deberá contar con ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si transcurrido ese plazo no se trata en el Congreso, el DNU pierde vigencia. Ese punto no logró la mayoría absoluta y será analizada nuevamente por el Senado, que podrá aceptar la postura de Diputados o insistir con su sanción.
En caso de lograr el dictamen, la iniciativa estará habilitada para llegar al recinto antes de la finalización del actual período parlamentario, el próximo 30 de noviembre, y previo al recambio legislativo del 10 de diciembre, en un Senado que tendrá nuevas figuras, entre ellas, a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, según indican todas las fuentes consultadas, estará a cargo de la bancada de La Libertad Avanza que contará con 21 senadores nacionales.
Si la oposición logra convertir en ley la modificación a la reglamentación de los DNU, la misma será vetada por el presidente Javier Milei, en principio porque considera una herramienta fundamental de su gestión de Gobierno la utilización tal cual está establecida en este momento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Por otro lado, ante el recambio legislativo de diciembre, la Casa Rosada tiene garantizado el blindaje del veto presidencial ya que contará con bancadas libertarias que junto a fuerzas políticas aliadas superan el tercio en cada cámara legislativa. Por tal motivo, los sectores de la oposición nunca alcanzarían las mayorías que establece la Constitución Nacional para rechazar un veto presidencial, que son dos tercios de los presentes en cada Cámara.
La pelea de Villarruel con APL
La actividad del Senado se desarrolla en medio de un clima de enfrentamiento entre el poderoso gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Este lunes, APL colmó uno de los sectores del Senado con una movilización que denunció la persecución de trabajadores por parte de las autoridades administrativas de la Cámara Alta.
El reclamo se inició hace semanas, desde el momento que el sector de Recursos Humanos del Cuerpo buscó desplazar de su cargo a la histórica directora de Personal, Mónica Nieto. Sobre esto, APL advirtió por “aprietes y amenazas de denuncias falsas en Comodoro Py” por parte de dos colaboradoras de la vicepresidenta: la directora de Recursos Humanos, Alejandra Figini y la directora de Auditoría, María Eugenia Tasende.
Leé también: Javier Milei inicia una nueva etapa del plan económico y enfrenta un dilema para destrabar inversiones
Este lunes, Norberto Di Próspero, en el patio colmado del Senado dijo que “si continúan con la persecución política e ideológica de escuchas y acoso laboral, la próxima medida será tomar el recinto”, reafirmando la unidad y movilización de los trabajadores legislativos. El líder sindical pidió: “Mantengamos la defensa de nuestros derechos frente al ataque permanente hacia quienes todos los días sostenemos el Congreso de la Nación”. Y dirigiéndose a Victoria Villarruel, señaló: “A pesar de todos sus problemas políticos, sigue siendo la presidenta del Senado. Esta es la gente que hace que haya sesiones, esta es la gente que labura para que usted pueda gestionar. Valórela, no le falte el respeto y no la menosprecie”.
Villarruel firmó, el pasado 30 de octubre, una reestructuración administrativa del Senado, pero a la vez le ordenó a la dirección de Recursos Humanos recategorizar a los agentes legislativos de las categorías inferiores, las que van de la 5 a la 14, la máxima es la A1, para mejorar sus ingresos. También está en estudio la implementación de un premio al presentismo, según adelantó. Habrá que ver si estas medidas calman los reclamos sindicales.
