Distintos bloques analizaron las ausencias en la sesión convocada para el jueves y expusieron diferencias internas. Además, reclamaron la presencia de la ministra de Seguridad con informes del accionar de las fuerzas federales durante la marcha universitaria.
Con apoyo de gobernadores, el oficialismo logró blindar el DNU 70/2023. El exgobernador santiagueño Gerardo Zamora y el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tuvieron roles clave.
Los bloques opositores necesitan reunir 129 diputados para debatir la iniciativa. También buscan tratar proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar. El oficialismo intenta desactivar la convocatoria con una sesión alternativa.
Tras el fallo procesal de la Corte sobre el DNU 70/2023, la entidad afirmó que eliminar los límites a la venta de campos a extranjeros fomenta la concentración y pone en riesgo a los pequeños productores y los recursos naturales.
El fallo de la Corte Suprema sobre las tierras rurales provocó el llamado a una sesión para rechazar el decreto. El vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió sobre las consecuencias de derogar la norma: “Es volver a la ley de alquileres, a las góndolas vacías y a los permisos para importar”, dijo.
La central obrera acusó al máximo tribunal de avanzar contra la soberanía nacional y cuestionó que vuelva a quedar habilitada la derogación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Casa Rosada abrió negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores para evitar que la cámara Baja rechace el decreto, que ya fue desestimado por el Senado. El oficialismo evalúa ceder en la discusión sobre tierras rurales dentro de la Ley de Propiedad Privada para preservar el resto de la norma.
La oposición anticipó que solicitarán una sesión especial para derogar el DNU 70/2023. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, lo planteó en el inicio del plenario que debate el proyecto de ley de Soberanía Nacional por Malvinas.
La causa se originó a partir de una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los jueces consideraron que los denunciantes no tienen legitimación para cuestionar la medida del Gobierno. Con esta decisión, quedan vigente los cambios introducidos mediante un DNU.
El DNU publicado este viernes distribuyó recursos para equipamiento militar, inteligencia y proyectos satelitales. Las Fuerzas Armadas concentran una ampliación de fondos por casi $218.000 millones. También hubo cambios para otras áreas del Estado.
La norma incorpora nuevas restricciones para el ingreso y la permanencia de ciudadanos extranjeros, fija excepciones para proteger la libertad de expresión y deja abierta la interpretación de algunos conceptos.
El decreto incorpora nuevas causales para impedir el ingreso y disponer la expulsión de extranjeros por “mensajes de odio” o agravios a los símbolos patrios. La oposición intentará derogarlo en el Congreso.
Migraciones utilizará las bases y controles vigentes. Si el mensaje de odio se produce dentro del país, el monitoreo y la detección estarán a cargo de las fuerzas federales. El Ejecutivo todavía no definió la reglamentación y admite que el decreto puede ser judicializado.
La medida también alcanza a quienes promuevan discriminación o violencia por motivos de nacionalidad y a quienes ultrajen símbolos patrios. La decisión del Presidente se da luego de la “campaña anti-Argentina” que hubo después el Mundial.
El DNU 571/2026 redujo a ocho las carteras nacionales y creó dos vicejefaturas para ordenar el nuevo esquema.
El Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) comparó el período de receso del Congreso, desde el 1 de diciembre, con los DNU de carácter legislativo firmados desde la Casa Rosada.
El DNU publicado en el Boletín Oficial busca acelerar la respuesta ante los incendios forestales, reforzar la asistencia y enviar fondos directos a bomberos y brigadistas.
El recurso había sido presentado por un grupo de abogados. El magistrado de Paraná, Daniel Alonso, habilitó la feria para tratar la presentación.
El oficialismo tiene dos objetivos claros para esta semana: avanzar con el proyecto de modernización laboral y la modificación de la Ley de Inteligencia. Las advertencias de los gobernadores y la oposición.
La norma que modificó la Ley de Inteligencia fue girada este jueves a la Comisión Bicameral. La oposición ya negocia votos para intentar rechazarla en ambas cámaras.