La Justicia ordenó 25 allanamientos en la causa por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Parte de ellos son en la ciudad de Buenos Aires y otros en Provincia. Según pudo saber TN, los allanamientos fueron dispuestos por una nueva línea de investigación en el expediente por presunta corrupción.
Los procedimientos son en droguerías y domicilios particulares, efectuados por la policía de la Ciudad y la Bonaerense en busca de celulares y aparatos electrónicos. De los análisis de los teléfonos móviles de los primeros involucrados en la causa, se encontraron datos que involucran a otras personas.
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Por el momento, las órdenes de la Justicia no incluyen pedidos de detenciones.
El expediente está a cargo del juez, Sebastián Casanello, y del fiscal, Franco Picardi, que ordenó los operativos. Los allanamientos son por una nueva línea de investigación en la causa ya que del análisis de los equipos de los primeros involucrados surgieron datos que involucran a otras personas, de las que se buscan sus celulares.
Picardi habría detectado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS. Busca determinar si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y apunta a determinar el valor de esos productos.
La investigación se originó a partir de los audios del exjefe del área, Diego Spagnuolo, en los que el ex titular de la ANDIS habló de una presunta operatoria con supuestos pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo, que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Los operativos se producen al día siguiente de la aprobación en Diputados de las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por este caso, el próximo miércoles a las 14.00.
Causa Spagnuolo: el Gobierno acelera la auditoría en la ANDIS y pone el foco en las compras de medicamentos
El Gobierno recibió los documentos que incautó la Justicia por los audios de Spagnuolo y acelera la auditoría en la ANDIS, como anticipó TN. Se trata de los archivos que se llevó la Policía de la Ciudad en el primer allanamiento a sus principales sedes. “Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar”, expresaron en Nación.
En el Ejecutivo reconocen que contienen facturas de compras del organismo vinculadas a la adquisición de medicamentos a distintas droguerías. Las operaciones no están registradas en portales públicos y fueron ejecutadas sin la trazabilidad de la administración central del Ministerio de Salud.
Es por eso que el equipo legal de la cartera hizo gestiones ante la Justicia para que el interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, tenga acceso a copias de la documentación. Los cercanos a la investigación sospechan que no hubo un contrato formal con la droguería Suizo Argentina, sino que aplicaron diversas compulsas de precios de forma consecutiva.
En la Casa Rosada también creen tener indicios de que hubo sobreprecios en los procesos y aseguran que buscan reformar el esquema autárquico de contrataciones del organismo para que dependan directamente del ministerio. En Balcarce 50 reconocen además que quieren ejecutar las compras de forma directa a los laboratorios.
El Gobierno espera que el sumario dentro de la ANDIS dure como máximo seis meses y que los resultados de la auditoría estén listos, como mínimo, después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La otra parte del proceso abarca a las pensiones por invalidez que fueron derogadas en los últimos meses.
El Ejecutivo mantiene la intención de reformar parte de la estructura de la ANDIS, que tiene 921 empleados y adjudicado un presupuesto de $3,74 billones. Según datos de la ejecución del presupuesto del Ministerio de Economía $3,1 billones se derivan a gastos de “seguridad social”, $556.054,96 millones a “salud” y $5300 millones a “promoción y asistencia”.
