El juez federal Sebastián Casanello podría rechazar el planteo de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntos pagos indebidos y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según pudo saber TN, la Justicia no avalaría el argumento de la defensa, que insiste en que el caso es nulo porque se originó a raíz de grabaciones ilegales que violan el derecho a la intimidad. Además, el letrado de los Kolavivker, Martín Magran, sostiene que la causa no puede avanzar por tratarse de un hecho “ya juzgado”, ya que en 2024 se cerró un caso en el que también se pedía investigar un contrato de la droguería. La decisión final sobre el recurso de nulidad deberá entonces ser revisada por la Cámara Federal.
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Según distintas fuentes de Comodoro Py, los investigadores mantienen una postura firme respecto a la validez de pruebas obtenidas a través de grabaciones no autorizadas y entienden que no se puede desestimar una investigación por el solo hecho de que una grabación haya sido obtenida sin orden judicial, en tanto se trata de casos de corrupción. En ese sentido, advirtió que existen convenciones internacionales que respaldan el uso de cámaras ocultas y registros audiovisuales en la lucha contra este tipo de delitos.
La Justicia podría rechazar las nulidades planteadas por los dueños de la droguería Suizo Argentina
“Muchas veces un funcionario público toma conocimiento de un hecho ilícito y teme denunciarlo. Por eso graba al implicado y luego filtra el material a la prensa para que se haga público. Eso no impide que el caso pueda investigarse”, explican en la Justicia.
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El planteo de los Kovalivker se basa en que la empresa ya fue investigada este mismo año por hechos similares, sin que se comprobara ninguna irregularidad. En febrero, una denuncia por administración fraudulenta presentada contra Suizo Argentina fue archivada. En base a ese antecedente, el abogado Martín Magram solicitó el cierre de la causa actual por “cosa juzgada”.
La causa vigente se inició el 25 de agosto, a partir de una presentación de Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social, quien denunció compras millonarias por parte de la ANDIS a Suizo Argentina por montos cercanos a los $30.000 millones, sin licitación pública.
El organismo era entonces dirigido por Diego Spagnuolo, quien fue separado del gobierno tras la filtración de audios en los que denunciaba pedidos de coimas, salpicando a altos funcionarios de administración de Javier Milei.
En su denuncia, Díaz Pascual también vinculó a la droguería con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y con su primo Eduardo “Lule” Menem, quien opera bajo la órbita de Karina Milei, la secretaria general de Presidencia.
Magram, defensor de los Kovalivker, cuestionó con dureza los allanamientos realizados en la empresa. “La orden contenía muchísima información. Lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la firma”, advirtió. Según dijo, el secuestro de equipos podría comprometer el abastecimiento de medicamentos en todo el país.
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El letrado también justificó la negativa de la familia a entregar las claves de sus teléfonos: “Un celular tiene información sensible. No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía. La DATIP seguramente logrará extraer el contenido y no van a encontrar nada”, sostuvo.
Por ahora, según confiaron fuentes judiciales, el análisis de los contratos sigue en una etapa preliminar y no hay información concluyente sobre los vínculos ni sobre el origen de los fondos.
