En un nuevo cruce entre los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich intimó a la administración de Jorge Macri tras detectar fallas en los controles durante la presentación de Leandro Paredes en Boca.
El acto, realizado el pasado jueves La Bombonera, contó con la presencia de Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava del club, quien tiene una prohibición vigente de ingreso a los estadios por tiempo indeterminado.
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“La seguridad no puede quedar librada al desinterés ni a la complicidad”, advirtió la cartera nacional en un comunicado oficial difundido este martes. Además, se publicó la Resolución 848/2025 en el Boletín Oficial, donde se formaliza la intimación al gobierno porteño por no aplicar el sistema de control de accesos SISEF ni el programa Tribuna Segura.
Según el Ministerio, la aparición de Di Zeo en el estadio constituye una “grave falla en los controles” y un incumplimiento del convenio firmado con la Ciudad, que establece la obligación de implementar herramientas tecnológicas para evitar el ingreso de personas con restricciones administrativas.
“Se produjeron desbordes en los accesos por la escasa presencia policial y la no implementación del programa Tribuna Segura”, señala el documento, y remarca que actos como la presentación de un jugador deben ser considerados eventos deportivos, por lo que corresponde aplicar los mismos mecanismos de seguridad que en un partido oficial.
La presencia de Di Zeo en un evento masivo no solo contradice una resolución anterior del propio Ministerio de Seguridad —la 327/2024, que le impuso la restricción máxima a él y a otros 57 barras de Boca tras un operativo en Córdoba—, sino que revive la discusión sobre quién debe controlar el ingreso a los estadios en el ámbito porteño.
Ante la consulta de TN, desde el gobierno porteño eligieron el silencio y por ahora evitaron el escalar el conflicto.
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Desde la Nación insisten en que el Gobierno de la Ciudad incumplió lo firmado en junio de 2024, cuando ambas jurisdicciones acordaron la implementación obligatoria del SISEF y el funcionamiento conjunto del programa Tribuna Segura. “No vamos a permitir barras en las tribunas”, advirtieron desde el Ministerio.
La medida vuelve a tensar el vínculo entre Nación y Ciudad en materia de seguridad. En febrero de este año, Bullrich ya había cruzado públicamente al ministro porteño Waldo Wolff por la fuga de presos en la Alcaidía de Caballito.
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“¿Por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden?”, escribió entonces la ministra en redes sociales. La respuesta de Wolff no tardó en llegar: “Nos cuestan 100 millones de dólares por año y nos implican más de 3000 policías que no pueden estar en la calle”, se quejó, reclamando que los detenidos sean alojados en cárceles federales.
Pese al cruce, ambos gobiernos terminaron firmando un acuerdo para trasladar a 400 presos con condena desde comisarías porteñas a unidades del Servicio Penitenciario Federal.
