Mientras sigue la disputa judicial sobre la competencia del caso Libra, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó ampliar la investigación para reconstruir el recorrido de los fondos generados por la criptomoneda y, de ser posible, proceder a su congelamiento.
Para eso dispuso un monitoreo en tiempo real de las billeteras virtuales asociadas a la maniobra, incluyendo las de los creadores del activo digital, entre ellos el estadounidense Hayden Davis, y las de quienes habrían actuado con información privilegiada.
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La medida busca determinar el destino de las millonarias sumas acumuladas y, eventualmente, proceder al “recupero de los activos de las víctimas”, según se desprende de la resolución judicial. La División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal será la encargada de supervisar los movimientos financieros y reportar cualquier intento de conversión de fondos a plataformas de compra y venta de criptoactivos.
Las sospechas sobre la manipulación del valor de Libra se centran en tres fechas clave: el lanzamiento del 14 de febrero y las fluctuaciones del 15 y el 17 de ese mes.
Según la resolución judicial, en las horas previas al lanzamiento, un grupo de billeteras adquirió tokens por unos 2,5 millones de dólares. Apenas minutos después, el presidente Javier Milei publicó en la red social X un mensaje promocionando el activo digital, lo que disparó su cotización de 0,3 a 2,5 dólares en menos de 15 minutos. El precio llegó a un pico de 4,65 dólares cuando Bloomberg confirmó que el mandatario había validado el proyecto.
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No obstante, a partir de las 21 de ese mismo día, las billeteras asociadas al equipo de desarrollo comenzaron a retirar los fondos de liquidez, lo que generó un desplome del precio y enormes pérdidas para los inversores. En total, se habría drenado un monto cercano a los 90 millones de dólares.
El 15 de febrero, Hayden Davis, la cara del proyecto, anunció que contaba con 100 millones de dólares para reinyectar en Libra y recuperar su valor. Sin embargo, esa promesa no se cumplió, y la cotización cayó nuevamente.
El 17 de febrero, un nuevo episodio reforzó las sospechas de uso de información privilegiada. A las 13, Milei retuiteó un mensaje de Darío Epstein con instrucciones sobre cómo comprar Libra. Minutos antes, cuatro billeteras habían adquirido tokens por tres millones de dólares. Tras el retuit, la criptomoneda subió abruptamente, permitiendo a esos operadores obtener ganancias estimadas en 9 millones de dólares. Una hora después, el presidente eliminó su publicación.
Caso Libra: cómo sigue la investigación y quiénes son los imputados
La resolución judicial establece que el caso Libra podría encuadrarse en una “maniobra de estafa cripto” que habría combinado marketing engañoso, manipulación de mercados y estrategias de pump and dump (inflar artificialmente el valor de un activo para luego venderlo a precios inflados y retirarse antes del colapso).
Entre los imputados en la causa figuran el propio presidente Javier Milei, los empresarios Hayden Davis y Julian Peh, Agustín Laje, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación busca determinar si sus intervenciones fueron deliberadas y coordinadas.
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En paralelo a la reconstrucción de la ruta del dinero, la jueza ordenó requerir información a la Casa Militar para confirmar si Milei se encontraba en la Quinta de Olivos al momento de realizar las publicaciones en X. También instruyó a la División Delitos Tecnológicos a monitorear las billeteras sospechosas y a realizar un seguimiento en tiempo real de los movimientos de fondos.
Finalmente, se solicitará información a la plataforma X para determinar la IP desde la que se realizaron los posteos del presidente y confirmar si fueron eliminados.
La disputa por la competencia judicial
Paralelamente, la investigación enfrenta un conflicto de competencia. El fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, sostiene que la causa debería tramitarse en los tribunales de Comodoro Py bajo la intervención de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Arroyo Salgado, en cambio, se considera competente para continuar con la instrucción y elevó el planteo a la Cámara Federal de San Martín. Si esta ratifica su jurisdicción, el conflicto podría llegar a la Cámara de Casación Penal.
Pese a la disputa, la jueza argumentó que había medidas urgentes que debía adoptar para evitar la dispersión de los fondos obtenidos a través de las presuntas maniobras fraudulentas. En su resolución, enfatizó que su objetivo es salvaguardar el patrimonio de los inversores damnificados.
