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    El Gobierno planea cerrar dos empresas que dependen de Economía y podría echar a más de 4000 empleados

    En el Ejecutivo tienen en la mira a la Administración General de Puertos y Corredores Viales. “Ya hay otras áreas que se encargan de esas tareas”, expresó a TN un funcionario del Gabinete.

    Ignacio  Salerno
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    Ignacio Salerno

    08 de octubre 2024, 17:37hs
    El presidente Javier Milei con el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X/@Felii_N)
    El presidente Javier Milei con el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X/@Felii_N)

    El Gobierno planea cerrar Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). El motivo detrás de esta decisión es que la mesa chica del Ejecutivo sostiene que “son empresas que multiplican funciones y atribuciones de otras secretarías” y asegura que las disolverá en el mediano plazo.

    “Corredores Viales y la Administración General de Puertos no tienen razón de ser. Son diagonales que se hicieron para duplicar funciones. Ya hay áreas del Estado que se encargan de sus tareas. La idea es que dejen de existir”, expresó a TN un funcionario del Gabinete.

    Leé también: El Gobierno prepara el lanzamiento de una fundación libertaria para fortalecer el armado electoral 2025

    Se trata de dos empresas que dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya había anunciado además la disolución del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA), encargado de la realización de obras públicas para el acceso al agua potable y cuenta con 269 empleados.

    La administración General de Puertos (AGP) es una sociedad del Estado y está compuesta por 581 trabajadores de planta permanente. Tiene a cargo la regulación del puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal junto a las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento de los canales de acceso al puerto. El titular es Gastón Alejo Benvenuto.

    El ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: NA).
    El ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: NA).

    La AGP depende además de la secretaría de Transporte, que preside Franco Mogetta. En Balcarce 50 sostienen que duplica atribuciones de la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

    Por su parte, Corredores Viales es una sociedad anónima y cuenta con una planta de 3565 empleados. Tiene a cargo el manejo de las principales rutas y autopistas del país. En concreto, son diez tramos de autovías que abarcan casi 6000 kilómetros. El presidente es José Luis Acevedo. El Ejecutivo considera que tiene funciones similares a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

    Leé también: Aerolíneas: el Gobierno busca retomar el diálogo con los diputados aliados para avanzar con la privatización

    El encargado de avanzar con los cierres y las privatizaciones de las empresas públicas es Diego Chaher, que está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Tiene oficinas en Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

    La Casa Rosada trabaja también en la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y busca reestructurar la Casa de Moneda. Previamente, ya eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

    El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher (Foto: gentileza CLarin).
    El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher (Foto: gentileza CLarin).

    El Gobierno anunció la semana pasada el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que implica el despido de 1388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Publicó además la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT) en el Boletín Oficial.

    Tras la sanción de la Ley Bases, Milei tiene la facultad extraordinaria eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten.

    Leé también: El Gobierno acusa a Macri de filtrar que se reunió con Caputo y suma tensión a la relación con el PRO

    Las dependencias del Poder Legislativo y las del Judicial quedaron fuera de la intervención del jefe de Estado. Lo mismo aplica para las universidades, el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

    El artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Dispone que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.

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