La semana que viene será clave en la resolución del pedido de juicio político para los camaristas Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides, titulares de la Sala III de la Cámara de Apelaciones penales de La Plata que fueron denunciados por anular la causa “Chocolate” Rigau de forma incipiente. Además, podría pedirse su apartamiento preventivo.
El jurado que los llevará a un debate oral no fue sorteado. Mientras tanto, está pendiente un fallo importante que podría volver a trabar el expediente que se inició contra el puntero del PJ por cobrar el dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.
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Los camaristas Villordo y Benavides anularon la causa de los empleados fantasmas de la Legislatura, en un fallo escandaloso que fue cuestionado no solo por la sociedad, sino también por la propia Justicia.
La decisión que tomaron los jueces llevó a que el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, iniciara una denuncia para pedir su destitución por “mal desempeño”. Para el jefe de los fiscales, “la resolución generó una gran conmoción en el tejido social”, y aseguró que su voto para cerrar el caso “ha reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”.
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Además, existe una denuncia que radicó el legislador de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, junto con la candidata a senadora María Eugenia Talerico. Según pudo saber TN de fuentes oficiales, ambas denuncias serán unificadas, ya que se trata del mismo hecho.
Del mismo modo, explicaron que el sumario iniciado por Conte grand no necesita dictamen, por lo que el proceso de jury ya está en curso. Esta semana hubo una reunión importante en la Secretaría de Enjuiciamiento y la semana que viene debería hacerse el sorteo para determinar quiénes juzgarán a los camaristas. El mismo estará integrado por los miembros de la Suprema Corte y de un número igual de Senadores y un número también igual de Diputados.
“Cuando estábamos reuniendo la prueba, por emitir la misma a la Bicameral, llegó la denuncia de la Procuración, aumentando el plexo probatorio. Como ya tenemos la prueba reunida, vamos a acumular las dos denuncias. A partir de ahora tenemos que solicitar al presidente del Senado una fecha para hacer el sorteo. El límite es de tres días hábiles para notificar a las partes”, detallaron desde la Secretaría.
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Por otro lado, señalaron que -una vez hecho el sorteo- los jueces del jury podrán pedir el apartamiento establecido por el artículo 29 bis. Se trata de una medida preventiva hasta tanto se haga el juicio y se decida si los camaristas son destituidos o no.
Consultado sobre el fallo que está pendiente de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones, el secretario Ulises Giménez aseguró que podría afectar también a su juzgamiento, ya que si los jueces dan lugar a la nulidad de las pruebas contra Rigau pedida por la defensa, podría sumarse una nueva irregularidad de parte de Villordo y Benavides.
Por su parte, el 30 de octubre, la defensa de Julio Rigau apeló la decisión del juez de Garantías N°1, Guillermo Federico Atencio, que rechazó el pedido de nulidad para borrar las pruebas que hay en contra del puntero del PJ. Solicitaron que no se haga la pericia al celular, la cual ya se realizó y se esperan los resultados, y que se anulen los elementos probatorios recabados hasta el momento. Ese recurso presentado a fin del mes pasado todavía debe resolverse en la Cámara de Apelaciones, que la integran justamente Villordo y Benavides.
Cómo sigue la causa contra el puntero del PJ y el concejal investigado de fraude al Estado
Mientras se espera el informe que va a revelar el contenido del teléfono del puntero del PJ, la Justicia falló en contra de dos funcionarios clave en la escena política bonaerense, que podrían terminar presos por fraude al Estado. Se trata del concejal de La Plata por el Frente Renovador Facundo Albini, y su padre, Claudio Albini.
Ambos fueron mencionados por distintos testigos que declararon ante la fiscal Betina Lacki, quienes aseguran que los empleados fantasma de la Legislatura respondían a ellos. El giro que dio el caso emitió una alerta a la política local, ya que padre e hijo fueron imputados por “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”, delitos no excarcelables.
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Para el juez Guillermo Federico Atencio, titular del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, que negó el lunes por la tarde la eximición de prisión presentada por la abogada defensora de ambos, los imputados ejercerían un rol fundamental como jefes de la presunta organización, con la cual llegaron a recaudar alrededor de 800 millones de pesos.
La forma de recaudación es la ya conocida maniobra de los “ñoquis” que empleaba la Legislatura bonaerense, más precisamente la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero no se descarta que también salpique al Senado.
Según informó una alta fuente judicial a TN, padre e hijo serían quienes se encargaban de gestionar los contratos en el Banco Provincia de los 48 titulares de las tarjetas de débito que les fueron secuestradas a Rigau el día que lo detuvieron infraganti.
