La Comisión de Acuerdos del Senado, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto, volvió a mostrar las tensiones que generan la cobertura de cargos y vacancias en la justicia Federal. El kirchnerismo cuestionó al juez Víctor Pesino, quien habilitó la puesta en marcha de la ley de Reforma Laboral.
Siete candidatos defenderán sus postulaciones ante la Comisión de Acuerdos. El principal eje de conflicto pasa por Víctor Pesino, cuestionado por el peronismo, los gremios y distintos abogados laboralistas por su actuación en causas sensibles para la CGT y la UOM.
El martes se llevarán a cabo las audiencias por nuevas candidaturas enviadas desde el Poder Ejecutivo. En la sesión del jueves, la oposición logró aprobar la designación de la jueza que el Presidente había querido retirar.
El nombramiento quedó encaminado para ser tratado la próxima semana, pese al pedido de la Casa Rosada para retirar su postulación. La decisión abrió una nueva disputa dentro del bloque libertario, con Patricia Bullrich en el centro de las diferencias.
La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibió el apoyo de la oposición dialoguista para sostener el nombramiento de María Verónica Michelli, la candidata que el Ejecutivo rechaza. Hoy habrá reunión de labor parlamentaria en donde se definirán los pormenores del debate.
Tras un conflicto institucional que duró meses, este lunes se realizó la primera reunión de acuerdo con el cuerpo completo. Las primeras medidas tomadas.
Entre sus ejes aparece la obligación de asistir físicamente a los tribunales. El máximo tribunal ya cuenta con una reglamentación propia.
La central obrera aseguró que “la resolución carece de todo fundamento” y apuntó contra los camaristas Víctor Pesino y María Dora González. El Gobierno impulsó el trámite para el que primer magistrado, que cumplirá 75 años, siga en el cargo.
Los magistrados Luis Cayetano Cayuela y Juan Eduardo Stepaniuc, que integran la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, realizaron la denuncia y se inició una investigación. Hay tres imputados.
El nuevo titular de la cartera adelantó que es una prioridad. La justicia federal argentina enfrenta una crisis estructural con 364 cargos vacantes.
A pesar de que al Máximo Tribunal le faltan cubrir vacantes, la Casa Rosada tiene a esos dos proyectos como prioridad en el corto plazo. También intentará acelerar la sanción de la Ley de Glaciares.
OPINIÓN. Columnista invitado (*) | En los últimos días, una vieja discusión volvió a escena, tras la decisión de México de elegir mediante sufragio universal a magistrados de todas las instancias jurisdiccionales, incluso los integrantes de su Corte Suprema.
La Federación Latinoamericana de Magistrados, la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina y el Consejo de la Magistratura hicieron un llamado a “tolerar, respetar y acatar” las decisiones judiciales.
Solo participó el 13% del padrón. Los comicios, impulsados por el oficialismo, buscan transformar el Poder Judicial, pero hay preocupación por la independencia de los magistrados frente al crimen organizado.
Luego del escándalo con la jueza Makintach, el Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro definirá este jueves si el debate continúa o hay que empezar de cero. Qué podría pasar con los testimonios de los 44 testigos que ya se presentaron, incluidas Dalma y Giannina Maradona.
En los Tribunales de San Isidro se vivió la jornada más tensa desde el inicio del debate oral, con acusaciones cruzadas, una declaración suspendida y hasta un pedido de recusación que no prosperó.
El Ejecutivo tiene decidido insistir con la iniciativa, impulsada por el asesor Santiago Caputo. “Milei está analizando todos los escenarios”, dijo una fuente del oficialismo.
La Casa Rosada asegura que está dispuesta a utilizar todas las vías “dentro de la Constitución” para cubrir las vacantes. Sostiene que las conversaciones con el kirchnerismo se cayeron. “Nos están provocando y se equivocan”, expresó a TN un funcionario.
Las designaciones ayudarían a cubrir el 28,84% de las vacantes. El Ejecutivo busca negociar con las provincias y se mantiene firme ante la negativa de la oposición de avanzar con García-Mansilla para el máximo tribunal.
Se trata de Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, quienes en el primer juicio condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por venta de droga pero no por el crimen de la joven de 16 años.
