Pese a un primer acuerdo que le permitió al Gobierno desactivar la protesta del jueves, los movimientos sociales amenazan con más cortes para la semana que viene y advierten: “Vamos a ver si el Gobierno cumple”.
Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, recibió a los referentes de Unidad Piquetera y logró así sortear la manifestación y la amenaza de acampe en la Avenida 9 de Julio bajo el compromiso de atender con urgencia las demandas de las organizaciones.
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“Seguimos en alerta. El lunes o martes vamos a evaluar los pasos a seguir, según haya o no respuestas concretas por parte del Gobierno”, indicó Silvia Saravia, líder de Barrios de Pie, a TN.
El jueves, las organizaciones abandonaron el Microcentro porteño con la promesa del cumplimiento de la entrega de alimentos para comedores y merenderos. “Es el asunto más urgente, junto con las herramientas e insumos para los espacios de trabajo. Por eso hicimos la movilización”, remarcó la referente social.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, habló de un “paso adelante” tras el encuentro en Desarrollo Social, aunque advirtió que el “estado de alerta” persiste: “Hemos llegado a un compromiso que vamos a ver si se cumple”.
Según detalló, el cronograma de alimentos en noviembre va a recuperar “la parte que se perdió en octubre” sumado a lo que corresponde por el undécimo mes. “Espero que hayan entendido nuestro pedido. El problema de la comida es crónico”, puntualizó.
Tolosa Paz se reunió con una decena de referentes de los movimientos sociales. Allí, según precisaron fuentes oficiales, se acordó “garantizar la entrega de la mercadería de alimentos frescos y secos que llegan a cada uno de los comedores y merenderos comunitarios de todo el territorio nacional”.
La ministra celebró haber “destrabado las demandas que llevaban mucho tiempo en el ministerio”, y adelantó: “Arranca una instancia de acá a diciembre donde priorizamos los alimentos en los comedores y merenderos comunitarios, y garantizamos la entrega de la mercadería de alimentos frescos y secos que llegan a cada uno de ellos”.
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Los movimientos sociales redoblan la presión con un bono de $45.000 y un aumento para beneficiaron del Potenciar Trabajo
Sin embargo, no son los únicos reclamos que enfrenta el Gobierno de parte de los movimientos de izquierda. La tensión puede escalar los próximos días ante el pedido de un bono de $45.000 para fin de año, además de un aumento para quienes son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. “Son temas importantes también”, aclaró Saravia.
El miércoles, Tolosa Paz dio una negativa tajante al ser consultada sobre el tema: “Los decretos se cumplen”, dijo acerca de la decisión del Ejecutivo de prohibir la inclusión de nuevos beneficiarios. En su opinión, hubo “una mala interpretación del espíritu del decreto”, que -según afirmó- apunta “a volcar capital y trabajo a la producción de bienes y servicios”.
Como telón de fondo, esta semana se avivó la polémica por la detección de 250.000 beneficiarios de planes sociales que compraron dólares y declararon Bienes Personales.
“Todo aquel Potenciar que haya utilizado la herramienta de compra de dólares o mecanismos impositivos que dan cuenta que no tiene que estar en este ministerio va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra.
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También anunció que se procederá a una validación de identidad de todos los beneficiarios de planes sociales para tener una mayor “transparencia en el destino de los fondos y evitar distorsiones de una política muy importante como ha sido el Potenciar Trabajo”.
Este último punto surgió por la aparición de un informe pedido a la AFIP el 30 de junio pasado por su predecesor en el cargo, Juan Zabaleta, que estableció que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el plan, ya sea porque compraron dólares para ahorro en los últimos 6 meses o presentaron declaraciones juradas de Bienes Personales.
