Un grupo de legisladores kirchneristas adelantó la entrada en vigencia de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal por los cuales se pueden revisar condenas, atrasar los tiempos para que una condena quede firme y autorizar la espera de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta antes de que el condenado empiece a cumplir su pena en la prisión.
Esta media docena de artículos empiezan a regir tras la publicación en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1/2021 por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal que recibió luz verde en el Congreso durante la anterior administración de Juntos por el Cambio.
Hasta este martes se consideraba que cualquier condena emitida por un tribunal oral quedaba firme a partir del momento en el cual la Cámara Federal de Casación Penal rechazaba un recurso extraordinario de la persona condenada para ir en queja a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, a partir de este miércoles el plazo se extenderá porque habrá que esperar a que el Máximo Tribunal del país se expida sobre la cuestión. Algo que alargará los tiempos para que un imputado que recibe una condena empiece a cumplir su prisión efectiva, según publica el diario Clarín.
Este polémico beneficio abarca a los acusados por delitos federales como la corrupción, el narcotráfico, el secuestro y /o el tráfico de armas, entre otros. Si bien la Ciudad de Buenos Aires tenía previsto ser el último distrito del país en implementar esta modificación, los legisladores del oficialismo consiguieron adelantarlo para este miércoles.
Los principales beneficiados
El exvicepresidente Amado Boudou será uno de los principales beneficiados por este adelantamiento de fechas, aunque otros antiguos funcionarios o dirigentes kirchneristas sobre cuya espalda pesan condenas por corrupción ya confirmadas por la Corte también podrían ser alcanzados por esta medida.
Un escenario similar podría plantearse en el expediente por la Tragedia de Once. Allí el tribunal liderado por Carlos Rosenkrantz confirmó, aunque de manera parcial, la imputación contra Ricardo Jaime pero al mismo tiempo solicitó que ese fallo pase por el filtro de la Cámara de Casación.
Además, todavía está pendiente la condena contra el exministro de Planificación Federal Julio de Vido. El grupo de diputados kirchneristas que avalaron esta polémica iniciativa está compuesto por Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda.
Para este miércoles a partir de las 17:00 horas también está previsto que este bloque de legisladores realice una videoconferencia. En la misma se analizarán distintos temas: “Monitoreo del Código Procesal Penal Federal en las agencias judiciales de la Justicia Penal Federal con asiento en la provincia de Jujuy. Planes, propuestas y necesidades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de cara a la implementación del Código Procesal Penal Federal en los distritos federales de Rosario y Mendoza, respectivamente”.
