La “politización” de la Justicia y la necesidad de impulsar el desarrollo de jueces independientes fue uno de los ejes más comentados del 56° Coloquio IDEA, que se desarrolla ahora de forma virtual y con comentarios online de los ejecutivos.
El panel “Justicia y República” convocó a Delia Ferrera Rubio, presidenta de Trasparencia Internacional, y a Alberto Garay, abogado de Carrió & Garay. Ambos fueron críticos con la injerencia del Poder Ejecutivo en la Justicia, amplificada, consideraron, por las medidas de restricción que dispuso el Gobierno durante la pandemia.
“En la Argentina existe politización de la justicia, no solo por responsabilidad de la dirigencia política sino por connivencia de jueces que se prestan a eso”, dijo Ferreira Rubio. Y advirtió que, por la pandemia, se dio “una concentración de poder en el Poder Ejecutivo, avasallamiento del Congreso en algunos casos, paralización de los organismos de control y paralización de la Justicia en los primeros meses”.
Para la presidenta de Transparencia Internacional, “la emergencia se usó como excusa para tomar medidas más allá de estado de derecho”. Mencionó, entre ellas, al proyecto de ley de reforma judicial.
Garay, en tanto, consideró que el juicio político impulsado por el primer gobierno de Juan Perón a la Corte Suprema, en 1946, fue el inicio de un proceso de injerencia de los Ejecutivos en la Justicia. “Sin independencia de los jueces, la libertad la propiedad y la igualdad quedan entre paréntesis”, dijo. “La independencia de la Corte es central en un estado de derecho”, agregó.
"Más miembros de la Corte no es mejores miembros, y hace un proceso más lento”, dijo Garay, y sostuvo que el camino para mejorar la situación de la Justicia es la vuelta a la Constitución de 1853, cuando, a su juicio, hubo un “poder judicial respetable, con autoridades que respetaron la Constitución”.
“Necesitamos un liderazgo claro que asuma el poder de poner punto final a la politización a la Justicia, pero yo no veo ese liderazgo en Argentina”, señaló la presidenta de Transparencia Internacional.
El coloquio virtual tiene un chat en el que el auditorio opina, online, sobre los paneles. Allí se encendió el debate. Los ejecutivos coincidían en la necesidad de involucrarse más en pos de una justicia independiente.
Guillermo Lipera, abogado del estudio Bullo e integrante de IDEA, escribió: “La reforma del 2006 mal modificó la integración del Consejo de la Magistratura aumentando inconstitucionalmente la incidencia del sector de la política partidaria. Como bien señala Alberto Garay, una Sala de la Cámara Contencioso Administrativo en noviembre del 2015 la declaró inconstitucional. La decisión fue apelada y estamos esperando que la Corte decida".
Según Garay, esa reforma quitó poder en la designación de jueces al ámbito académico y sumó más representación política.
“La madre del borrego es la falta de equilibrio del Consejo de la Magistratura, un buen tema para mantener en agenda”, escribió Santiago Mignone, socio de PWC Argentina.
El miércoles, durante su exposición en el Coloquio, el presidente Alberto Fernández defendió la reforma judicial que impulsa su Gobierno. “Me pregunto qué pensarían si las vacantes de la Justicia las ocupo con jueces amigos, sacándolos de un tribunal y poniéndolos en otro. ¿Eso es justicia? Eso es lo que pasó y se hizo con el silencio cómplice de muchos y eso está mal", dijo Fernández.
“La seguridad jurídica que ustedes reclaman exige tener jueces dignos y probos que tienen que dar concurso de oposición, concurso de antecedentes, tienen que pasar por el acuerdo del Senado y ser ser designados por el Poder Ejecutivo”, completó.
