Es destacable que la suspensión del extitular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, haya sido una decisión del presidente Mauricio Macri cuando se enteró de la denuncia que le llevó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al revés de lo que pasaba antes, ahora una denuncia que ni siquiera había tomado estado público sacó a un funcionario de su cargo. Es el primer caso de corrupción que sale a la luz en el gobierno de Macri durante estos 8 meses de gestión.
Hasta que la Justicia no diga que la causa no tiene sustento, cabe la posibilidad de que la acusación sea cierta. En ese caso, el Presidente tendrá que dar una explicación porque la designación de Gómez Centurión fue una decisión suya. Entre Macri y el exfuncionario hay un conocimiento personal muy estrecho.
La otra alternativa es que los presuntos sobornos a cambio de la entrada de mercadería por la Aduana no sean ciertos y que se trate de una operación de los servicios de Inteligencia. Si esto se comprueba, Macri tendrá que explicar por qué el Gobierno todavía no tiene control sobre los servicios de Inteligencia.
Me niego a creer que eso sea culpa de los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majaldani y que son -como dice Gómez Centurión- sectores que circulan en la exSIDE. En ese caso, habría un desmanejo de los servicios de Inteligencia y sería muy grave.
No veo una solución buena en ninguno de los dos casos.
