Australia sufre regularmente temporadas de incendios forestales. La mayor intensidad de los de esta oportunidad no era algo inesperado (o al menos no debería haberlo sido). Ya en el 2007, el informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) que sistematiza el conocimiento científico disponible sobre cambio climático, advertía que Australia (y en particular el sureste de dicho país) estaba expuesta a aumentos significativos de riesgos de incendios forestales extremos. Este informe también nos indica que lo que está ocurriendo no se trata de un hecho aislado. Los riesgos de este tipo de eventos extremos se van a intensificar.
En un contexto en el cual las medidas de prevención y adaptación al cambio climático fueron claramente insuficientes o inadecuadas, el impacto social, ambiental y económico de los incendios ha sido enorme. Diversas fuentes señalan que ya hay más de 10 millones de hectáreas arrasadas (el equivalente a un tercio de la provincia de Buenos Aires), al menos 27 personas fallecidas, miles de personas desplazadas de sus hogares (algunos analistas hablan de los primeros “refugiados climáticos australianos”), aproximadamente mil millones de animales muertos o heridos y un impacto económico todavía difícil de evaluar.
Ante este panorama, vale preguntarse cuál puede ser el impacto político de los incendios en la agenda de cambio climático australiana.
El actual gobierno, y en particular su primer ministro, Scott Morrison, han tenido una postura claramente conservadora en relación a la agenda de cambio climático, tanto a nivel de la política doméstica como en las negociaciones internacionales. De hecho, en la última COP de Cambio Climático realizada en Madrid (diciembre 2019), Australia fue uno de los países que planteó más resistencias para “aumentar el nivel de ambición” (usando los términos de las negociaciones diplomáticas) de la acción climática y reducir las emisiones de gases. Este posicionamiento se explica, en parte, por el apoyo de la coalición gobernante a las industrias de los combustibles fósiles, en particular el carbón. Recordemos que Australia es uno de los principales países exportadores de carbón y gas natural a nivel mundial.
Los riesgos de este tipo de eventos extremos se van a intensificar.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno ante la crisis de los incendios se puede caracterizar como reactiva. La atención gubernamental se ha focalizado en responder a la emergencia y dar algunos pasos pensando en la reparación de los daños. Por ejemplo, ya se anunció la creación de una agencia nacional y la asignación de fondos para tales fines. Sin embargo, la magnitud de los incendios forestales ha dado lugar a una creciente demanda social y política en Australia por una mayor acción ante a la problemática climática. Habrá que observar hasta qué punto la coalición gobernante puede mantener su posicionamiento en materia de cambio climático o la crisis de los incendios genera una ventana de oportunidad para avanzar una agenda climática más ambiciosa.
(*) Daniel Ryan es investigador y docente del ITBA.
