Mauricio Macri le puso nombre y apellido al obstáculo que supuestamente impide conocer quién aceptó las coimas de la empresa Odebrecht: Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación. Pero lo cierto es que los tres poderes del Estado fueron y aún siguen siendo cómplices de la corrupción.
El punto de partida está en el Poder Ejecutivo. Durante las gestiones Kirchner se celebraron los contratos con la compañía brasileña que ya desde 2006 fueron denunciados por la existencia de sobreprecios. Tanto es así, que uno de los primeros actos de la gestión Macri en el Ministerio de Energía fue revisar los números de las obras para las ampliaciones de los gasoductos, todo un emblema de la corrupción K.
Esa revisión terminó en una denuncia penal que hizo la nueva conducción de Nación Fideicomisos, una estructura jurídica que montó Julio De Vido para privatizar los principales contratos de obra pública y eludir a los organismos de control. Los funcionarios aportaron a la Justicia información que se conocía desde 2007: Odebrecht había inflado hasta 400 por ciento los números de las obras.
Pero mientras por una ventanilla el Estado denunciaba a Odebrecht por hechos de corrupción, la misma administración de Macri le confirmaba su principal contrato: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en el que participa Iecsa, la constructora del primo presidencial, Angelo Calcaterra.
Al soterramiento le valen los mismos presupuestos que a los gasoductos: si hubo sobreprecios para encubrir coimas, los contratos deben ser anulados y la Justicia está obligada a recuperar el producto de la corrupción. Es decir que Odebrecht y sus socios locales deben devolverle al Estado cada peso que obtuvieron como ganancia a partir de los contratos conseguidos de manera ilegal. Ese es el único camino que la legislación argentina prevé para una licitación viciada de nulidad.
Recién ahora, a un año y medio de iniciada la gestión de Cambiemos y frente a la posibilidad cierta de que se revele que el sistema de coimas estuvo presente en todas las contrataciones que celebró Odebrecht, la Casa Rosada anunció que revisaría todos convenios que la empresa tiene vigentes. Eso incluye al Sarmiento. Con la voluntad política no alcanza, pero la revisión y denuncia de ese contrato sería un gesto diferencial.
El actor central en la lucha contra la corrupción es la Justicia que ante Odebrecht ha hecho poco, nada, o al contrario, le garantizó la impunidad en una década. La relación entre los jueces de Comodoro Py y la compañía brasileña tiene episodios hasta grotescos. En 2010, el inefable exjuez Norberto Oyarbide, en el auto de procesamiento de los implicados en el caso Skanska (pago de coimas para la ampliación del Gasoducto Norte) ya señaló la existencia de supuestos sobrecostos en las obras del Gasoducto Sur.
// El caso Skanska: el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo
Pero unos meses más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación Penal sobreseyó a todos los implicados al advertir que en el caso Skanska, Oyarbide había descartado sobreprecios. "Aceptar que las contrataciones pudieron haber respondido a valores de mercado y, paralelamente, afirmar la existencia del perjuicio que supone la defraudación, denota una insalvable contradicción", le recriminaron los camaristas en su momento.
Esa resolución llevó al cierre de la causa Skanska, pero nada hicieron esos magistrados para que se profundizara la pista sobre Odebrecht. Uno de los camaristas que dejó el caso en las sombras fue Eduardo Freiler que esta semana logró zafar del juicio político por la investigación que realizó el Consejo de la Magistratura por enriquecimiento ilícito. A Freiler lo acusan de servir a los funcionarios kirchneristas. Sus detractores tienen motivos.
Las resoluciones judiciales en favor de Odebrecht no terminaron ahí. Después de la reciente denuncia que en 2016 hizo Nación Fideicomisos por esas mismas obras cuestionadas, la jueza María Servini archivó la denuncia sin siquiera iniciar una investigación. Adujo que ya existía un expediente previo en manos del juez Ariel Lijo que, casualmente, también había descartado la denuncia.
No fue hasta abril de este año, cuando el capítulo local del escándalo del Lava Jato se volvió inocultable, que la Cámara Federal ordenó reabrir ese expediente: casi una década después de que surgieran los primeros indicios de las coimas. Esa causa es una de las que llevó hasta Brasilia a los fiscales Sergio Rodríguez, Carlos Stornelli y Franco Picardi para negociar que el país vecino habilite la información aportada por los directivos de Odebrecht que comprometen a empresarios y funcionarios argentinos.
Se sabe: volvieron con las manos vacías. Y con las manos vacías seguirán, dado que el Poder Judicial no puede garantizarle a los delatores el mismo trato que les ofrece Brasil. Los delitos que hayan confesado deben ser investigados y penados en este país.
En los Estados Unidos el ministro de Justicia, Germán Garavano, explora una vía alternativa para obtener la información del caso Odebrecht. En ese país, los ejecutivos de la compañía admitieron el pago de millonarias coimas (reconocieron que en Argentina repartieron 35 millones de dólares) y firmaron hace siete meses un acuerdo para seguir operando y evitar la cárcel. El documento incluyó una cláusula de colaboración con los países afectados. El acta es clara: no habla de colaboración con la Justicia, sino con otros gobiernos. Y no pone condiciones para la divulgación de la documentación, cosa que sí reclama la Procuración brasileña.
El problema que tiene Garavano para convencer a los fiscales estadounidenses y obtener esa información son los antecedentes judiciales argentinos. Odebrecht goza del privilegio de la impunidad local. La inacción no transcurre solo en los tribunales: al Gobierno le llevó un semestre viajar a los Estados Unidos para solicitar la documentación.
Pero la falta de avances en materia de corrupción no es solo atribuible al Poder Judicial y al Ejecutivo. El Congreso también hizo su parte. Por ejemplo, las normas que rigen al sistema de contratación de obras públicas están atadas de un alambre decretado por Fernando De Rúa.
Y sin ir tan lejos, duermen la siesta parlamentaria dos proyectos recientes del Gobierno que buscan acelerar el decomiso de los bienes obtenidos de forma ilegal y establecer la responsabilidad penal de una empresa, cosa que hoy no existe en la Argentina. Sólo a una persona se le puede atribuir esa clase de crímenes. Esa iniciativa establece incentivos para que las personas jurídicas prevengan delitos contra la administración pública.
Pero leyes más modernas tampoco garantizan demasiado. Sin delación premiada, sin la inmunidad que les ofrece la justicia brasileña, los empresarios corruptos (y especialmente los funcionarios coimeros) consiguieron en esta década la tranquilidad procesal gracias al sistema político y judicial.
Basta con recuperar un caso emblemático de los 90 para entender por qué los delincuentes de hoy duermen en paz. Al igual que los empresarios brasileños, después de confesar el pago de coimas y pagar multas en Alemania y los Estados Unidos, los directivos de Siemens que obtuvieron en 1996 el contrato para el "nuevo DNI" aún esperan su turno para llegar al juicio oral.
Pasaron más de 21 años desde aquella licitación trucha, y aunque más tarde reconocieron el pago de coimas que llegaban a "un ex presidente", un alto funcionario cuyas iniciales eran "CM", ni Carlos Menem ni ningún funcionario está procesado por ese delito.
Es el sistema, el propio Estado, el que garantiza la impunidad.
