En Arabia Saudita, las mujeres obtuvieron por fin el derecho a conducir. En Islandia y Suecia, se aprobaron nuevas leyes que reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. En Estados Unidos, las acusaciones de conducta sexual indebida tuvieron repercusiones en todo Hollywood cuestionando décadas de impunidad. La sociedad irlandesa votó de forma aplastante a favor de anular la prohibición del aborto.
En Argentina, millones de mujeres tomaron las calles el año pasado para reclamar por el aborto legal. Se movilizaron también para exigir una vida libre de violencia, por la igualdad y la libertad. Tenemos motivos para luchar: apenas cinco días después de que el Senado rechazara el proyecto de ley murió Liz, de 34 años, por complicaciones de un aborto inseguro, en la provincia de Buenos Aires. Ella tenía un hijo y ya había pasado por dos abortos. Tres días después, se conoció el caso de una mujer de 27 años que murió en Pilar también como consecuencia de un aborto inseguro. Tenía cuatro hijos. Sus muertes pudieron haber sido evitadas, pero la penalización del aborto las continúa empujando a ese destino.
En el último tiempo, además, se conocieron los casos de niñas en Tucumán y Jujuy que fueron sometidas a embarazos forzados tras haber sido violadas. Sus historias expusieron brutalmente el daño que puede hacer el propio Estado al no cumplir con su deber. Y son reflejo también de los alarmantes índices de embarazo infantil en el país: cada 3 horas hay un parto de niñas menores de 15 años en la Argentina: 2493 nacimientos en 2017. La mayoría son consecuencia de situaciones de abuso.
Para luchar contra estas injusticias, existen quienes día a día ponen el cuerpo y trabajan para proteger a mujeres y niñas. Son defensoras de derechos humanos que se exponen a presiones y sufren agresiones que van desde la estigmatización y el descrédito –campañas que tienen como intención restarles credibilidad y generar ostracismo–, la interceptación de sus comunicaciones, su judicialización y criminalización, y llegan hasta la intimidación y las amenazas contra su vida e integridad.
La persecución a las defensoras de derechos humanos toman dimensiones diferentes: profesionales de la salud que son sometidas a escraches y criminalizadas cuando, amparados por la ley, deciden acompañar la elección de niñas que reclaman interrumpir un embarazo producto de una violación; mujeres desacreditadas por defender el aborto legal y perseguidas por luchar por que las mujeres no tengan que elegir entre la vida o la cárcel para interrumpir legalmente un embarazo; jóvenes que son acosadas y golpeadas en la calle por llevar un pañuelo verde atado en la mochila; abogadas que por su labor son perseguidas a través del inicio de causas penales en su contra con el objetivo de silenciarlas.
Cada 3 horas hay un parto de niñas menores de 15 años en la Argentina.
La Declaración sobre Defensores y Defensoras de Naciones Unidas obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para defender la labor de aquellas personas que, individual o colectivamente, actúan para defender o promover los derechos humanos.
Cuando los Estados, y esto es el gobierno Nacional y las provincias, no reconocen de forma explícita la legitimidad e importancia de la labor por la defensa y promoción de derechos humanos de defensoras y defensores y cuando deliberadamente omiten tomar medidas dirigidas a sancionar y erradicar los ataques sufridos por estas personas, envían el mensaje de que las defensoras de derechos sexuales y reproductivos pueden ser agredidas con total libertad, ya que no habrá ninguna sanción por ello.
La erradicación de la violencia demanda de todas las Instituciones del Estado un compromiso inclaudicable con las víctimas, pero también con quienes acompañan, defienden y/o intervienen para combatir todo tipo de violencias. Las mujeres están dispuestas a luchar por sus derechos; no están dispuestas a callarse nunca más.
(*) Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
