Es una obviedad, pero conviene recordarlo en estos tiempos de grieta: La democracia es debate intenso, a veces fuerte, pero muy saludable cuando es honesto. Permite enriquecerse con las diferencias y crecer. Es, en fin, una gran vacuna contra el discurso único. El odio político, en cambio, constituye un veneno para las sociedades porque, en definitiva, lleva a no tolerar al que piensa distinto. Instala la antinomia amigo-enemigo y, por tanto, la guerra política, en la que debe haber vencedores y vencidos.
El mundo hoy lucha contra la pandemia del coronavirus y sus devastadores efectos económicos, pero también contra un recrudecimiento de la acechanza del virus del odio. La Argentina tampoco está libre de esta otra amenaza. Claro que en un país como el nuestro, con instituciones resquebrajadas y una crisis económica de larga data agravada por la cuarentena, las consecuencia del odio -al igual que los efectos económicos de la crisis sanitaria-, pueden ser peores.
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Evitar caer en el odio político en la Argentina debe ser, pues, una prioridad. Particularmente, porque está claro que para superar las devastadoras consecuencias de la pandemia será necesario el concurso de todos. Ya lo dijo el Papa Francisco. “Nadie se salva solo”. Y mucho menos en estos lares en que pocos soportan la “tormenta perfecta” en un trasatlántico y muchos en un bote. Dicho de otra manera: el enfrentamiento verbal extremo puede ser suicida.
El presidente Alberto Fernández pareció días pasados tomar nota del riesgo de la escalada verbal durante un discurso que pronunció con motivo del encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Pero el modo en que lo expuso, los términos que utilizó, fueron infelices. Y mucho más infelices resultaron los posteriores comentarios del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del vocero presidencial, Juan Pablo Biondi.
Fernández dijo que llegó a la presidencia para “terminar con los odiadores seriales”. La expresión es desafortunada. En principio, porque como señaló el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el presidente “identificó a un enemigo”. Y, para colmo, con el que hay que “terminar”. En realidad, con lo que hay que terminar es con una patología social. En términos religiosos diríamos que hay que terminar con el pecado, no con el pecador.
Paradójicamente, tres días después de que Fernández pronunciara su discurso, su principal colaborador, Cafiero, vinculó a los que participaron del banderazo el 9 de Julio con el “discurso del odio”. Mientras que su vocero calificó a Macri de “inútil” y le pidió que se llamara a silencio a raíz de unas declaraciones en las que el ex presidente acusó al Gobierno de “avanzar sobre libertades” durante la pandemia.
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Por eso, Fernández debería comenzar por su propia casa. Por atemperar a sus principales colaboradores. Pero también condenando todas aquellas expresiones violentas de exponentes del oficialismo, que anhelan que Macri sea colgado o fusilado en la Plaza de Mayo, por caso. O a quienes desde su espacio promueven coartar la libertad de expresión y les gustaría ver presos a ciertos periodistas.
Más aún: Fernández debería preocuparse porque su vicepresidenta no se crea más allá del bien y del mal y falte a su convocatoria por el 9 de Julio que reunió en Olivos a gobernadores, empresarios y sindicalistas. Y mostrar un efectivo interés por el esclarecimiento de las causas de corrupción en un país enfermo de impunidad, en vez de permitir que los organismos de control se borren.
Es cierto que la oposición también tiene su responsabilidad en la construcción de un clima de convivencia mínimo. Pero el Gobierno carga con la principal responsabilidad. Y Fernández debe decidir si le pone un límite a Cristina Kirchner y sus simpatizantes más radicalizados. De lo contrario, el odio político puede abrirse paso y poner la lápida sobre el país.
Aún estamos a tiempo.
