En la Casa Rosada hay quienes ya comienzan a saborear la derrota judicial. Sí, un sector del kirchnerismo cree que el eventual rechazo a la reforma del Consejo de la Magistratura puede ser clave para definir la estrategia del oficialismo y mejorar sus chances electorales en un escenario similar al de 2011: la defensa cerrada del proyecto que encabeza Cristina Fernández frente a una oposición atomizada, con liderazgos en disputa.
El esquema que había diseñado el kirchnerismo para las elecciones de los consejeros implicaba dos alternativas.
La opción de máxima era la “caprilista” que pretendía reunir a todos sus adversarios detrás de un proyecto que unificara no sólo la boleta para el Consejo, sino todas las candidaturas. De un lado quedaría la “derecha destituyente” frente al gobierno nacional y popular, bendecido por Néstor y Chávez.
Con ese propósito, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, arquitecto electoral del kirchnerismo desde hace décadas, incluyó en el proyecto de ley la prohibición de crear partidos o frentes al solo efecto de postular candidatos al consejo y el requisito de estar presentes en 18 distritos para poder adherir la lista de consejeros al resto de las categorías en disputa. “Si quieren participar y ganar, vayan todos juntos”, se podía leer entre líneas, en las notas al pié.
La ley les ofrecía a los opositores una segunda opción: apoyar una de las listas de los partidos que pudiesen reunir las exigencias sin la posibilidad de pegarlas a sus candidatos. Una alternativa que requería de los electores y de los partidos un esfuerzo adicional o una concesión que no debía realizar el Frente para la Victoria.
Pero los partidos opositores encontraron un camino intermedio. Interpretan que la prohibición para la creación de un frente especial para los cargos judiciales es una regla de carácter permanente, que recién se aplicará cuando las elecciones se realicen junto a los comicios generales que incluyen presidente y vice, en 2015. Y que las disposiciones de carácter transitorio que fija esa misma ley para la elección excepcional de consejeros de este año abren las puertas para la conformación de esa alianza multipartidaria.
En esa empresa se lanzaron esta semana cuando decidieron crear el frente por la justicia independiente entre radicales, el FAP, un sector de la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente de Francisco De Narváez y Unión Por Todos de Patricia Bullrich.
En caso de que la Corte convalide la ley, o parte de la ley de reforma del Consejo, y se habiliten las elecciones, usarán ese instrumento. Aunque reclamarán, específicamente la inconstitucionalidad de la imposibilidad de pegar esa boleta a la lista sábana de senadores, diputados y cargos legislativos provinciales y municipales.
El argumento que defiende esa presentación es simple: en la elección general, para que un partido adhiera la boleta de candidatos de otra fuerza en una categoría en la que carece de postulantes, sólo es necesaria una autorización de ambas partes. Eso hizo en 2011 el partido Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella que a sumó sus listas de gobernador, intendente, concejales y cargos legislativos provinciales las boletas del Frente para la Victoria para Presidente, senadores y diputados nacionales.
La oposición argumenta que sólo un interés discriminatorio y proscriptivo impulsó a la inclusión de esas cláusulas en la norma que reformó la ley del Consejo de la Magistratura. No dudan de que la Justicia les dará la razón.
Si es así, si la Justicia da vía libre a las elecciones de consejeros con estas salvedades, los opositores podrán tener su lista unificada para elegir consejeros sin caer en el caprilismo. Es, precisamente, el único escenario que quería evitar la Casa Rosada, porque avanzaría en la nacionalización de una elección de medio término, sin la particularidad que definió y garantizó la amplitudid de la victoria oficialista en los comicios de 2011, donde la oferta opositora se atomizó en nueve opciones diferentes.
El rechazo judicial a las elecciones de los consejeros abrirían las puertas del oficialismo para un escenario diferente: se alejaría el fantasma de la derrota contra un adversario fortificado y le permitiría a la Presidenta profundizar la estrategia de comunicación que trazó en el acto de la “década ganada” durante el feriado del 25 de Mayo.
“Quiero convocar a todos los argentinos a esta gesta, a que esta década ganada, le siga otra década más en que los argentinos sigan ganando también. Es necesario empoderar al pueblo, a la sociedad de estas reformas y de estas conquistas para que ya nunca nadie más pueda arrebatárselas”, dijo la Presidenta.
La derrota oficialista sería, la derrota de las “conquistas”. No está en juego la renovación de un tercio del Senado y la mitad de los diputados, sino la estabilidad del Gobierno. El rechazo a la reforma judicial, a la “democratización de la justicia”, sería otra forma de victimización y un anticipo de lo que puede ocurrir si la derrota es en las urnas.
En ese escenario, el de la simulación del “todo o nada” o de la construcción del “odio frente al amor”, el kirchnerismo se mueve con naturalidad. En ese camino extremo, como el que vivió el oficialismo en 2009, las candidaturas testimoniales, por ejemplo, no son una excentricidad, sino una necesidad. Los gobernadores Jorge Capitanich y Sergio Urribarri, ya se anotaron para salvar al modelo.
Y, de hecho, es ahí donde cuenta la Presidenta con la mayor complicidad opositora.
A diez días de la fecha límite para presentar las alianzas que deberán competir en las PASO y en octubre, y a menos de un mes del plazo máximo para la oficialización de las candidaturas, los distintos partidos opositores no logran consensuar una estrategia que reduzca la cantidad de listas.
“Si la Corte le da la razón a los planteos de inconstitucionalidad, va a pasar como con la 125. Todos se van a creer capaces de ganarle a Cristina y al final se van a presentar todos y por separado. Pueden superarnos por poco en la legislativa, pero después no saben qué hacer”, analizó un dirigente K de la provincia que le tocó perder en 2009.
Tal es el desencuentro opositor que en el principal distrito electoral del país, mantienen atado su destino a un hombre que juega a las escondidas desde la filo-oficialista intendencia de Tigre.
Tres hipótesis envuelven el incierto destino de Sergio Massa. Dos bien conocidas: una, que jugará por dentro del oficialismo, probablemente junto a Alicia Kirchner; la otra, que romperá y se lanzará por afuera, con sello y estructura propios, y traccionará al peronismo disidente y al kirchnerismo desencantado. Pero está cobrando fuerza una tercera interpretación que fusiona a las otras dos alternativas. Es la tesis de la “sucesión ordenada”.
“Sergio (Massa) puede romper ahora, para ser candidato del oficialismo en 2015. Una lavada de cara del kirchnerismo que le permitirá a los que hoy están en el poder permanecer donde están con Cristina como jefa espiritual, pero con la cara lavada”, explica un dirigente opositor que negocia con el intendente de Tigre una eventual alianza con el PRO de Mauricio Macri y Unión Celeste y Blanca de De Narváez.
No es tan solo una sospecha. Massa se sienta con opositores pero no cortó su diálogo con el operador todoterreno del kirchnerismo, Juan Carlos "Chueco" Mazzón.
Parece una contradicción. Pero el gobierno de Cristina Fernández ya diseñó la estrategia para transformar en victoria la derrota que, intuye, padecerá en la Corte Suprema por la reforma electoral. A la oposición le quedan diez días para pensar en su Plan B.
