Probablemente en el Gobierno nadie quiera aclarar, ni ahora ni en el futuro, de dónde vino la redacción final del artículo 44 tal como se presentó y votó en el Senado, y que trataba igual a empleados con tobillos torcidos o con cáncer terminal. Y prefieran que la discusión se enrede y empantane con acusaciones cruzadas entre legisladores, ministros y reparticiones de segunda línea del Ejecutivo. Lo que hace pensar que vino del vértice del poder, y fue fruto de uno de esos arranques de improvisación y radicalización a que es tan afecto nuestro Presidente.
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Lo más curioso del episodio, de todos modos, no fue tanto ese manejo torpe y desprolijo, en un asunto que exigía ser lo menos desprolijo e improvisado que fuera posible, como que el artículo pasara por el Senado sin que ningún opositor se detuviera a leerlo: lapidaria confirmación de que la enorme mayoría de quienes se oponen a la reforma no la conocen en detalle y ninguno de ellos se detuvo a estudiar su redacción con detenimiento.
Lo confirma el hecho de que el escándalo respecto al contenido del artículo sobre las licencias médicas estallara a raíz de que quien sí lo leyó con cuidado fue una senadora del PRO, que apoyaba la reforma en general pero se negó a votar ese artículo en particular, desatando una discusión entre los aliados del Gobierno que dejó a la vista que sobre este punto el oficialismo no tenía la menor idea de qué estaba proponiendo, ni qué pretendía combatir: si los certificados truchos con que se justifican muchas licencias en la actividad privada, y muchísimas más en el sector público, o el derecho adquirido de un empleado frente a su patrón cuando enfrenta un problema de salud más o menos serio e imprevisto.
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Es cierto que en muchos países los empleados en esa situación no cobran el 100% de su salario, o lo cobran pero solo durante un tiempo acotado, y según cuán grave sea la enfermedad en cuestión. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando el único funcionario oficial que salió a defender el famoso artículo fue Federico Sturzenegger, y no pudo diferenciar entre una torcedura de tobillo y un cáncer.
Como sea, resultó evidente que en este punto había fallado la unidad de comando con que el Gobierno quiso prevenirse contra las improvisaciones y los errores no forzados, para desarrollar una estrategia que asegurara la más amplia reforma en el menor tiempo posible. Se perdió por lo menos una semana, sino más, y se abrió la puerta para más disidencias, más presiones de los aliados y dubitativos, más concesiones y costos asociados. Y todo porque a alguien, en el vértice del poder, probablemente el propio Presidente, o con el aval del presidente, decidió actuar contra las propias necesidades e intereses, e improvisar.
Y sin embargo, los costos políticos que el oficialismo pague puede que terminen siendo no tan graves. Porque enseguida fue en su ayuda el “frente de la resistencia”. El kirchnerismo y la izquierda terminaron por convencer a la CGT de hacer un paro general, que dio un nuevo marco de polarización a la discusión del proyecto en Diputados. Y le agregaron además una marcha, piquetes y cortes de ruta varios, con las consecuentes escenas de violencia que el Gobierno se aseguró acompañaran esos episodios.
Como si hiciera falta, salió además Alberto Fernández a aclarar los tantos sobre el uso político de estas medidas de fuerza extremas: “A mí no me hicieron ni un solo paro general” recordó. Y es estrictamente cierto. A Milei ya le hicieron 4, camino a superar a Macri, que sufrió 5 en todo su mandato. Aunque seguirá muy lejos de De la Rúa, que soportó 8 en apenas dos años, y de Alfonsín, que tiene un récord imbatible de 13, en plena transición y con los militares conspirando todo el tiempo en su contra. Y que con el paso del tiempo se ha vuelto toda una distinción a su favor.
Con esos antecedentes, ¿podía Milei esperar un regalo mejor para terminar de polarizar la escena y convencer a radicales, macristas, peronistas moderados y cuanto gobernador ande dudando entre los extremos en pugna, de que les convenía que la ley se aprobara, y se acotara así la capacidad sindical de parar el país y forzar a los gobernantes de turno, y al resto de los actores sociales y políticos, a hocicar y ceder ante sus exigencias?
Para no hablar de los ánimos al respecto predominantes en la opinión pública. Que están bien reflejados en las encuestas: el sindicalismo sigue batiendo récords de rechazo. Superando incluso marcas altísimas de otros períodos de tensión entre mayorías reformistas y modernizadoras vs la corporación gremial (y empresaria, y política, que se benefician, igual que la primera, de un statu quo en que la mayoría de los trabajadores se empobrece progresivamente). Y también se expresan esos ánimos en los esfuerzos que hizo mucha gente, la que tuvo alguna chance de sortear todos los escollos puestos por esas corporaciones, para ir a trabajar.
¿Cabe alguna duda de que si no hubiera sido por el paro de transporte, la medida dispuesta por la CGT habría resultado en un resonante fracaso? ¿No confirma acaso este hecho la necesidad de cambiar algunas reglas importantes en nuestra convivencia y el sistema gremial, en la línea de lo que propone la ley de reforma laboral? Para asegurar, entre otras cosas, la prestación de un cierto porcentaje de servicios esenciales, para que el control sindical de los mismos no se vuelva un arma extorsiva imbatible en manos de organizaciones muy pequeñas y monopólicas, contra los intereses de la amplia mayoría?
