Finalmente, el Gobierno presentó, para que se discuta en las sesiones extraordinarias, el proyecto de ley para que los candidatos a legisladores nacionales tengan que atravesar un filtro anticorrupción. ¿Qué diferencia este proyecto del que se frustró durante las sesiones ordinarias por el faltazo de buena parte de los diputados libertarios? Nada. O en realidad una sola cosa: el paso del tiempo.
Se especulaba con que tal vez el nuevo texto iba a encontrarle la vuelta para no afectar una eventual candidatura de Cristina Kirchner al Senado este año, pero finalmente no es así: también el que ahora se dio a conocer la dejaría fuera de competencia, porque contempla la situación de quienes enfrentan fallos condenatorios en segunda instancia. ¿Por qué será que al Gobierno le parece ahora bien lo que un par de meses atrás no quiso avalar?
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Recordemos que incluso funcionarios libertarios, y el propio Presidente, dijeron que les parecía mal “proscribirla”, que querían que se presentara para ganarle la elección; y argumentaron también, falsamente, que una prohibición como la que se proponía podría ser utilizada injustamente por actores políticos con influencia en los tribunales contra candidatos bien posicionados en las encuestas, pero no tan conectados con las mafias del poder. Toda esa cantinela parece que quedó ahora de golpe en el olvido. ¿Por qué?
¿Será que entonces el oficialismo estaba negociando con Cristina un pacto, que Ficha Limpia podía entorpecer, por eso la bombearon, y ahora ese pacto está descartado, y entonces rescatan el proyecto? Puede ser. Pero ojo: es también muy probable que sea cierto lo primero, pero no lo segundo. Veamos.
Manuel Adorni salió enseguida a apabullar con las “evidencias incontrastables” que supuestamente ofrece el giro oficial en cuanto a que nunca hubo nada raro: “Dijeron de todo, pero nada fue cierto: el Presidente de la Nación ha firmado hace instantes el proyecto de ley denominado ‘Ficha Limpia’. El verdadero ‘pacto’ es con todos los que quieren un país libre y próspero”.
Lo cierto es que, con las sesiones extraordinarias, el Gobierno apuntó desde el principio, cuando por primera vez las propuso en diciembre pasado, a cumplir dos objetivos políticos fundamentales para su proyecto de poder, que siguen estando en el centro de su estrategia: eliminar las PASO y colocar a Ariel Lijo en la Corte.
Y a sabiendas de que ambos dependían de un acuerdo con el peronismo kirchnerista, que podía tener intereses coincidentes con los suyos en los dos asuntos, mientras que las bancadas de oposición moderada los resistirían, avanzó en conversaciones con aquel.
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Ese era el plan. Solo que, aunque agregaron unos cuantos señuelos para seducir al público y los legisladores interesados en temas de corrupción, como el juicio en ausencia, la ley antimafia, y el acotamiento de la inmunidad parlamentaria, no lograron interesar a ninguno de los bloques moderados en participar de las sesiones: estos reclamaron que se incluyera el presupuesto y también Ficha Limpia.
Y como el oficialismo no cedió, y tampoco el peronismo se mostró dispuesto a aflojar cuando el resto de la oposición no lo hacía, la convocatoria naufragó antes de oficializarse.
Diciembre quedó atrás, y ahora el Ejecutivo retoma la ofensiva, con una continuidad y una diferencia: ratificó que el presupuesto no se va a discutir, ni ahora ni en ningún momento del año; pero agregó ficha limpia al menú, a ver si con eso alcanza para que los moderados se avengan a colaborar.
Es un precio mucho más módico para el oficialismo que negociar el uso de los recursos públicos, claro. Porque, por sobre todo, es un precio apenas eventual: habrá que ver si ese proyecto se aprueba, sobre todo en el Senado, donde el peronismo en bloque, incluidos legisladores en ocasiones disidentes con las posturas de Cristina y los K, ya adelantó que se va a oponer.
En cualquier caso, para las bancadas moderadas no ir a las comisiones ni sentarse a sesionar sería ahora más difícil de justificar que en diciembre. Aún a sabiendas de que mientras ellos discuten ficha limpia y otros proyectos “hojarasca”, con sus más y sus menos todos con pocas chances de aprobarse, el gobierno y el kirchnerismo se sientan en otra mesa muy distinta, para negociar lo que realmente interesa a actores con poder: cómo se va a votar y cómo va a funcionar de aquí en más la Corte Suprema.
Pareciera que acuerdo sobre qué hacer con las PASO solo habría si el Ejecutivo se aviene a reducir sus expectativas: en vez de derogarlas, que se las suspenda hasta nuevo aviso. Pero ya con eso alcanzaría para que en LLA celebren: lo más importante para ellos es que los moderados no tengan ningún instrumento para resolver sus diferencias en un nuevo acuerdo electoral que los reúna, convocando a los votantes a dirimir la composición de sus listas, algo que ni el peronismo ni el oficialismo piensan hacer.
En cuanto a Lijo, habrá que ver: el Presidente no aflojó hasta ahora en el toma y daca que Cristina le proponía (ampliar la Corte, distribuir las numerosísimas vacantes que siguen sin cubrirse en todos los tribunales del país, etc.), pero por lo menos ha ido acercando posiciones con recambios en ARCA, la UIF y otros organismos cuyo celo investigativo suele preocupar mucho a la expresidenta y su gente.
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En suma, el gobierno está usando al máximo el poder que tiene, el control de la agenda legislativa, para tratar de sentar a la mesa a dos interlocutores. Ante todo, a los kirchneristas, que tienen también un poder en exclusividad, de acá a fin de año controlarán la aprobación de cualquier proyecto, dado que el otro polo legislativo, el de los moderados, ha ido perdiendo cohesión y dirección, y va a seguir seguramente en declinación a medida que avance el año electoral.
De todos modos, el oficialismo necesita también seducirlo. Porque quedaría muy mal que solo se siente a negociar con los K. Y porque pretende seguir dividiéndolo, capturando a sus dirigentes, sus audiencias y sus temas.
Cuando dice “Presupuesto no, pero Ficha Limpia sí”, hace exactamente eso: anula a Mauricio Macri, a De Loredo y a Pichetto, negándoles el derecho a sentarse frente a él a discutir recursos, y su pretensión de coordinar las demandas de gobernadores y grupos de interés, para ponerlos a todos ellos bajo su égida; pero atrae a los legisladores que en alguna medida aún les responden y sus bases de apoyo. De todos modos, si el proyecto en cuestión no se aprueba, podrá echarle la culpa a Cristina.
