Se lanzó un plan para paliar la devaluación, que tendría un costo equivalente al 0,5%-0,6% del PBI. En pocas palabras, se incrementa el desequilibrio fiscal y monetario, con alza de precios. Entre las medidas, se destacan una asignación no remunerativa de $60.000 para trabajadores privados y estatales que cobren hasta $400.000 netos. Un bono de $37.000 para pensionados y jubilados que cobren la mínima, a pagarse en septiembre, octubre y noviembre. Más una devolución del IVA (hasta $18.000) en compras con tarjeta. Por su parte, los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán el componente tributario por seis meses.
También, un refuerzo de $10.000 – $23.000 en la Tarjeta Alimentar, a pagarse en septiembre y octubre, más un aumento del 30% a partir de noviembre. Y créditos de hasta $400.000 a una tasa preferencial a 24, 36 o 48 meses, con 3 meses de gracia. Se anunció también la eliminación de los derechos de exportación para algunos productos de las economías regionales. La financiación de adquisición de fertilizantes, y el sector sojero que dispondrá del 25% de la liquidación de sus divisas durante 30 días para comprar porotos de soja. Un refuerzo de $20.000 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
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El congelamiento de precios de combustibles, medicamentos, transporte, y la suspensión de los incrementos estipulados en la medicina prepaga para aquellas familias con ingresos menores a los $2 millones. Por último, el lanzamiento del programa Previaje 5, que devolverá el 50% de los gastos en crédito (70% para los afiliados al PAMI) a utilizar en la cadena turística, con un tope de $100.000 por persona.
Estas medidas atentan contra el cumplimiento de la meta acordada con el Fondo. El déficit primario debería ser de $120,6 mil millones en agosto-septiembre (contra – $219,4 mil millones, en igual período del año pasado). Es decir, correspondería una caída de 45% en términos nominales.
Por otro lado, se cambiaron las metas del Fondo y se adelantó la próxima revisión. El Tesoro debería ajustar el gasto 11% interanual, en términos reales, durante agosto-diciembre (vienen cayendo un 7% en enero-julio). Para financiarse, se realizó una licitación de deuda por fuera del calendario, obteniendo $464 mil millones (equivalente al 50% del plan estimulo que se dispuso recientemente). Concretamente, se adelantó la próxima revisión al 1° de noviembre y, de cumplirse las metas de septiembre, entraría un desembolso por u$s3.300 millones.
En el plano fiscal, la meta anual se mantuvo en 1,9% del PBI. La del tercer trimestre se actualizó en términos nominales. Por el lado del gasto, dentro del ajuste del 11%, el Fondo puso énfasis en salarios y en el aumento de tarifas energéticas. En términos de financiamiento, se modificó la meta anual de asistencia del BCRA al Tesoro (de 0,6% a 0,8% del PBI), y las trimestrales. No habrá más financiamiento directo y el Ministerio de Economía devolvería parte de los Adelantos Transitorios. La Secretaría de Finanzas tendría que limitar la emisión de deuda indexada.
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Yendo a las reservas, ahora, se deberían “desacumular” (en función de la meta anterior) U$S2,2 mil millones y sumar U$S1,3 mil millones. Del swap con China, se confirmó que el segundo tramo no fue activado, y está bajo discusión. Del lado de las importaciones, la deuda de corto creció U$S16 mil millones entre fines de 2021 y julio 2023 y el stock llegó a un récord de U$S38 mil millones (equivalente al 60% del total de las importaciones). Asimismo, el BCRA compró títulos del Tesoro en el mercado secundario por el equivalente a 1,3% del PBI en junio-julio 2022, a 0,8% en noviembre-diciembre 2022, y a 1,9% en abril-agosto 2023. Para contener la cotización de los dólares alternativos, se perdieron U$S5 mil millones de reservas desde fines de 2020.
En resumen, aun con modificaciones, las metas se ven inalcanzables y las medidas para “combatir” la devaluación solo fogonean el rojo fiscal. Más tarde o más temprano, un plan de estabilización razonable deberá ejecutarse.
Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.
