Para tapar el crimen del poder que complicó en Chaco a Jorge Capitanich, un hecho policial con repercusiones electorales, el Gobierno nacional puso en jaque institucional a la gobernación de Jujuy.
Mientras en Chaco hay rastrillajes y los Sena, el clan cercano al poder, continúa detenido, las cámaras de los canales de televisión empezaron a mostrar los destrozos ocurridos en Jujuy: el kirchnerismo acorraló al gobernador Gerardo Morales, titular de la UCR y precandidato presidencial y cientos de insurgentes atacaron la Legislatura y dejaron un tendal de más de 30 policías heridos.
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El argumento que utiliza el Gobierno nacional hace foco en la reforma de la Constitucion de Jujuy, que habría venido a restringir el derecho a la libre manifestación y también el derecho de los pueblos originarios a ser reconocidos y a la posesión y explotación de las tierras (donde hay litio).
En realidad, las cosas no son así y la reforma constitucional comenzó hace un año, siguiendo los pasos constitucionales de manera pública. Como toda reforma, se puede estar de acuerdo o votar en contra, pero no fue ni intempestiva ni sorpresiva. El proyecto de reforma ingresó en la Legislatura provincial en agosto de 2022.
Al mes siguiente, la Legislstura aprobó la ley que declaró la necesidad de la reforma. Y lo hizo con la mayoría que exige la Constitucion: dos tercios de los legisladores, número que se alcanzó con el voto peronista entre los que estaba Rubén Rivarola, presidente del PJ de Jujuy.
El 7 de mayo, cuando se realizaron elecciones para gobernador, el pueblo de Jujuy también votó a los convencionales reformadores, elecciones de las que surgieron también varios representantes del peronismo. El presidente de la Convención fue Gerardo Morales y la vice primera fue Gabriela Burgos, mientras que el peronista Alberto Matuk asumió la vicepresidencia segunda.
Cuando la semana pasada la Convención votó en general la aprobación del nuevo texto constitucional, el peronismo también se sumó: como los seis representantes de la izquierda sí protestaron y renunciaron, la votación salió por amplísima mayoría, con apoyo de radicales y peronistas.
En el nuevo texto, incorporaron dos artículos que están en el ojo de la polémica. Uno es el artículo 67, que vino a establecer que el derecho a manifestarse libremente, que ya estaba reconocido en el artículo 32 de la Constitución provincial (artículo que no se reformó) se debe ejercer respetando los derechos de los terceros y sin ejercicio de violencia. Es decir, en un marco de paz social. Algo tan elemental como decir, por ejemplo, que si no se acepta un programa escolar, cualquiera puede manifestarse pero no tiene derecho a matar a los maestros o directores de escuela. O que los trabajadores públicos tienen todo el derecho a reclamar públicamente un aumento salarial pero no pueden pegarles a los funcionarios o empleadores.
Todo muy sencillo de entender. Sin embargo, a la hora de votar en particular el artículo, se aprobó por mayoría, pero el peronismo votó en contra. Esta semana, el clima político ya se estaba enrareciendo.
El otro artículo sobre el que hay polémica es el 50, sobre protección de los pueblos originarios, pero por el nivel de conflicto fue dejado de lado y hoy la Convención votó, a propuesta de Morales, seguir con la redacción de 1986. En efecto, el artículo 50 que se pretendía incorporar no solo reconocía la preexistencia de los pueblos originarios, sino también el derecho a la posesión de las tierras, que además no les podrán ser embargadas. Pero, como el Estado se reserva el derecho a reconocer cuáles son esos pueblos, algunos temieron que Jujuy adoptase una postura restrictiva y les negase personería.
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El nivel de conflicto hizo que la Convención, que hoy aprobó y juró el texto de la reforma constitucional, tomara testimonio a 130 comuneros, es decir, representantes de las comunidades originarias: objetaron el que iba a ser el nuevo artículo 50, por lo cual este artículo fue excluido de la reforma y se continúa con el texto original de la Constitucion de 1986.
En suma, nada empeoró la situación anterior. Y seguramente pocos se hayan detenido a leer las sutilezas de la reforma, que fue llevada adelante con la participación del peronismo.
El estallido de la calle vino a tapar cualquier debate, intenta poner en jaque a Gerardo Morales y a desplazar a Chaco y a Capitanich del foco de atención.
