Sergio Massa es un maestro de la ambigüedad y la simulación. Lo demostró en infinidad de ocasiones, y en los últimos tiempos está desplegando sus artes tanto en relación con los conflictos judiciales como, cada vez más, en materia de inflación.
Nunca va a decir nada que lo comprometa personalmente con el ataque contra la Corte Suprema. Incluso, cuando le conviene, hace saber a sus interlocutores que la ofensiva oficial no le trae más que dolores de cabeza. Pero al mismo tiempo alinea a sus legisladores con ella y pone tanto esmero como el Presidente en buscar fórmulas estrambóticas que le permitan violar el fallo sobre la coparticipación de CABA, no vaya a ser que se reduzcan las transferencias a su amigo Axel Kicillof, con el que espera seguir compartiendo el control de la provincia de Buenos Aires. Un objetivo mucho más esencial, para él igual que para Cristina, que la candidatura presidencial de su espacio.
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Algo parecido hace el ministro con la movilización de grupos militantes, “patotas” si queremos llamar las cosas por su nombre, para que “inspeccionen” las actividades de centros de distribución, supermercados y otras empresas, donde el Gobierno ha vuelto a poner el foco como supuesto origen de la persistente suba de precios.
Claro que Massa no va a aparecer fotografiado con Pablo Moyano, ni con Cachorro Godoy de ATE, ni con ningún otro de los organizadores directos del apriete a los empresarios. Deja que su secretario Matías Tombolini se incinere en esa ímproba tarea.
Así que se podría pensar que tampoco la cúpula del ministerio está muy de acuerdo con que el estado tercerice operaciones políticas que serían ya de dudosa legalidad si las ejecutaran funcionarios públicos, y se atropellen los derechos de los hombres de negocios, con quienes ella declara cada vez que puede tener una afinidad a toda prueba. Pero es claro que necesita de esa ayuda “militante” tanto como de la plata para la provincia de Buenos Aires en sus planes políticos.
Desde que se comprobó que la inflación va a seguir bastante alrededor del 5% todo el verano, la disposición del ministro a respetar las libertades económicas y los derechos en general tiende a flaquear.
Esto se agravó por el compromiso personal que asumió sobre la inflación del primer mes del otoño. Massa se puso en un serio aprieto al prometer que ella va a ser de menos de 4 puntos, y a la vez que los salarios no perderán la carrera contra los precios, ni la economía entrará en recesión.
Para intentar que todo eso suceda, junto, en tan poco tiempo y con los precarios instrumentos que tiene en sus manos, se ve que está decidido a hacer lo que sea. Retrasa la suba del dólar, de los combustibles y las tarifas. Extiende y amplía los “Precios justos”, por más que sabe que su eficacia será decreciente. Y recurre a los gremios, también con una particular ambigüedad. Por un lado, los ubica como corresponsables de la inercia inflacionaria, a través de las paritarias, y por otro, para compensar, como luchadores contra la codicia y la especulación empresaria.
No es casual que este doble trato que está ofreciendo a los gremios quedara a la vista en cuanto se empezó a hablar de las paritarias de este año. Si Massa no quiere perder por goleada su apuesta sobre la inflación de abril, necesita que los sindicalistas lo ayuden a dar la impresión de que la suba de precios está moderándose. Las paritarias que se cierran por pocos meses y con cláusula de revisión se los facilita. Porque ellas les van a permitir a los jefes gremiales poner un número en la tapa de los diarios que no será el de las subas anuales, sino las que acuerden para los próximos dos o tres meses, como mucho el próximo semestre. El ministerio hará lo necesario para hacerle creer al público que todo está bajo control, mientras los caciques de la CGT les comunicarán a sus afiliados que no van a perder poder de compra, que ellos siguen velando por sus intereses de la mejor manera posible, es decir, ganándole o empardándole la carrera a los precios. Todos contentos, o casi.
Nada mejor entonces que completar la operación con un poco de épica militante, y una en particular que permita poner la responsabilidad del problema inflacionario lejos de la administración y también de la coalición oficial. Cualquier cosa que se quiera decir sobre el mecanismo reproductor de la alta inflación que significa tener paritarias todo el tiempo abiertas, Moyano, Godoy y compañía van a ahora a poder desmentirlo con sus celosas inspecciones en los locales empresarios donde “se remarcan precios”, ”se generan faltantes de la mercadería incluida en los programas de control oficial”, es decir se origina, supuestamente, nuestro empobrecimiento.
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Es de todos modos bastante poco probable que toda esta parafernalia le vaya a servir de mucho tanto al ministro como a los sindicalistas militantes que colaboran con él. En primer lugar, porque los argumentos antiempresarios sobre la inflación están muy desacreditados, y ya desde hace tiempo.
Al comienzo de la gestión del Frente de Todos todavía una porción importante de la opinión pública creía lo que la dirigencia kirchnerista venía diciendo sobre la suba de precios, desde que ella reapareció en escena como un problema crónico, a poco de iniciada la gestión de Néstor Kirchner. Que ella nace donde “se fijan precios”, en la cúpula de las empresas, las actividades concentradas de la economía, en el exterior, por la suba de los bienes que se exportan, etc. Hoy poquísima gente cree eso, incluso lo creen pocos votantes del propio oficialismo.
Según una encuesta reciente de la consultora Circuitos, alrededor del 60% de los consultados atribuye la responsabilidad en la suba de precios al Gobierno. Los que se la cargan a los empresarios rondan el 13%, y los que la atribuyen específicamente a los supermercados solo el 5. Circo se puede hacer igual, pero es uno que entretiene a cada vez menos gente.
