Se cumplieron ya ocho meses desde que un martes de marzo el presidente Alberto Fernández anunció: “Vamos a empezar otra guerra: la guerra contra la inflación”.
El INDEC acababa de informar que los precios habían subido 4,7 por ciento en febrero. Marzo, ya con el arranque de “la guerra contra la inflación”, dio 6,7 y, desde entonces, los precios siguieron subiendo.
Ocho meses después de esa declaración oficial de guerra y con inflación a casi 100 por ciento anual, quedó claro que Alberto Fernández firmó la rendición incondicional.
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La declaración bélica a la inflación, con el trágico telón de fondo de los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, llamó mucho la atención de los medios por esa falta de oportunidad tan característica del mandatario. Pero, acto seguido, el Presidente lanzó otra amenaza en ese discurso del 15 de marzo que pasó casi inadvertida: “Les vamos a declarar la guerra a los especuladores”.
Para poder cumplir con la primera amenaza, más que una guerra, se requiere de una serie de reformas estructurales profundas que solo podría hacer el propio gobierno y no estaba, no está -y probablemente nunca estará- dispuesto a emprender: eliminar el déficit fiscal, introducir una reforma laboral para reducir los planes sociales, permitir que los privados contraten en lugar del estado, y privatizar -o directamente cerrar- media docena de empresas públicas infinanciables.
Además, debería sentar no solo a empresarios a negociar los “nuevos” Precios Cuidados, que se descuidarán unos meses más tarde: debe convocar también a los sindicatos a calmar sus reclamos cada vez más astronómicos en las paritarias.
Demasiado pedir para un gobierno como el de Alberto Fernández, que para todo necesita el visto bueno de Cristina y Máximo Kirchner.
Por eso el Presidente apostó en ese acto en la localidad bonaerense de Tortuguitas a una “guerra posible”: la del relato de quién encuentra al culpable de la inflación, y la “guerra a los especuladores”. Lo importante no es resolver los problemas, sino encontrar un culpable, y los misteriosos “especuladores” siempre sirven. Hoy son especuladores, mañana “intermediarios”, pasado, empresarios codiciosos: siempre tiene que haber un culpable.
De hecho, la sola declaración de “guerra” a la inflación es parte del relato: la guerra siempre se libra contra una potencia externa, enemiga.
Todo es relato
Precios Cuidados nació como un sutil relato: el programa que instauró el entonces ministro Axel Kicillof hace nueve años no actúa en el campo económico, sino sobre la simbología: “El estado presente te cuida de esos malos empresarios que te quieren subir los precios”. Desde su inicio, los Precios Cuidados se descuidaron bastante, porque acumularon 1500 por ciento de inflación.
Ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, apuesta a una nueva arma en la guerra del relato: “Precios Justos”. Es lo mismo, pero con otro nombre. El gobierno es bueno y te cuida de los empresarios que son injustos.
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Pero la opinión pública argentina hace rato que se dio cuenta de que el gobierno perdió la guerra contra la inflación, y el Presidente lo sabe. Por eso en agosto, al día siguiente de conocerse que la inflación de julio resultó de 7,4 por ciento, dijo en un acto en la provincia de Chaco: “Lo importante no es la inflación, sino que los sueldos le ganen a la inflación”. Además, aclaró que había dado vía libre a que se renegocien todas las paritarias, “para que los sueldos le ganen a la inflación”. El Presidente mostró públicamente el acta de capitulación ante la inflación con su firma estampada en el pergamino.
Apenas días después, el camionero Pablo Moyano siguió al pie de la letra las poco responsables palabras del mandatario y exigió 131 por ciento de aumento. Finalmente logró un aumento de 107 por ciento para sus camioneros: sus colegas gremialistas ahora lo tratan de imitar o, incluso superar: una orgía de indexaciones de precios y salarios que demasiadas veces desemboca en hiperinflaciones en la historia argentina. ¿Será diferente esta vez?
Pero todos estos artilugios comunicacionales terminaron en el fracaso: el gobierno está perdiendo la guerra del relato por la inflación en todos los frentes. La opinión pública entiende que de las paritarias solo se benefician los empleados en blanco en relación de dependencia. La mayoría de los trabajadores está en la informalidad.
Por eso ante una pregunta de la encuesta de la Universidad de San Andrés de noviembre, el 90 por ciento de los argentinos prefiere que se acabe la inflación antes de que le aumenten el sueldo. “La respuesta es unánime”, explica el profesor Diego Reynoso, autor de la encuesta de opinión pública de esa universidad, sorprendido de que en eso se hayan puesto de acuerdo prácticamente todos los argentinos, contradiciendo al Presidente y derrotándolo en otro frente de la guerra por el relato inflacionario.
El gobierno también perdió la batalla por desviar la responsabilidad de la inflación y colocarles el sayo a los empresarios con sus precios descuidados o injustos. Para los argentinos el principal culpable de la inflación es “el Banco Central, que emite moneda”: 55 por ciento, según la última encuesta de D’Alessio IROL Berenzstein.
El segundo culpable es “el estado que gasta de manera poco eficiente”; y el tercero: “falta de confianza en el gobierno”. El economista Javier Milei podría sentirse orgulloso de que su prédica está impactando en la opinión pública.
“Los empresarios solo quieren ganar más” aparece recién como cuarta opción, con 33 por ciento de las menciones múltiples. Los “intermediarios”, esos culpables predilectos del gobierno, aparecen en séptimo puesto, y las causas internacionales, la favorita de Alberto Fernández, en el puesto 9.
Por eso, cuando la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, esta semana dijo que lo importante era que la Selección Argentina ganara el Mundial de Qatar y que, “si sigue la inflación por un mes más, no va a hacer la gran diferencia”, mostró las cartas: la apuesta del gobierno a que Qatar sea un “oasis” en la bronca de la opinión pública con el gobierno.
Pero es un espejismo: después de cada partido hay que hacer las compras, y la inflación estará ahí, presente como siempre. Según D’Alessio IROL, para los votantes de Juntos por el Cambio la inflación es la principal preocupación (94 por ciento), y también lo es para los electores del Frente de Todos: 90 por ciento.
Incluso en los bastiones del kirchnerismo, como el oeste del Conurbano, creen que antes que andar declarando guerras, el gobierno tiene que bajar el gasto público para terminar con la inflación. Una encuesta en ese territorio peronista por excelencia de Fuente Primaria, la consultora del politólogo Tomás Lanusse, el 90 por ciento cree que para “combatir” la inflación, el gobierno tiene que eliminar el déficit fiscal: el gobierno perdió como en la guerra la batalla por buscar culpables de la inflación y se rindió en todos los frentes.
