El fin de semana largo ya quedó atrás y finalmente no hubo cambios en el gabinete, tal como presagiaban los rumores que, de todas maneras, permanecerán por la frágil posición de muchos funcionarios, blancos de cuestionamientos cruzados dentro de la coalición de gobierno. Esta infinidad de rumores y especulaciones respecto a potenciales cambios se centran especialmente en los nombres propios.
Desde el círculo cercano a Alberto Fernández apuntan a aquellos que no están “alineados con el programa económico” (según la expresión usada por el ministro Martín Guzmán). Señalan a Roberto Feletti (comercio interior), Darío Martínez (energía), Federico Basualdo (energía eléctrica) y al ministro Wado de Pedro (se hablaba de que podría pasar a ocupar la cartera de Justicia y se mencionaba como su eventual sucesor a Agustín Rossi). Desde la vereda de enfrente, el kirchnerismo espera que quienes se terminen yendo sean Martín Guzmán, Matías Kulfas, Santiago Cafiero y Gustavo Béliz, es decir, los funcionarios de mayor confianza del presidente.
Leé también: El fenómeno libertario hacia 2023: fortalezas y desafíos
De hecho, el secretario de Asuntos Estratégicos podría ir a la carga nuevamente por el que es su máximo anhelo: presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El actual titular, Mauricio Claver-Carone, es investigado por una supuesta relación con una asistente (un incumplimiento al código de ética de la institución) y por uso indebido de fondos.
Quiénes, qué y cómo
Aunque los nombres (los quiénes) son importantes, porque dan cuenta del equilibrio de poder dentro de la coalición, lo central en este momento crítico pasa por focalizar en los qué y los cómo. Es decir, qué cambios el presidente Alberto Fernández está dispuesto a implementar. Y cómo se materializarán estos cambios en decisiones concretas de política pública, en un entorno sumamente hostil, por las duras críticas que recibe del kirchnerismo duro con cada nuevo paso que intenta dar. Estos deben ser especialmente analizados respecto al tema que más preocupa a los argentinos: la inflación.
El IPC de marzo marcó un nuevo récord: fue del 6,7%, la inflación más alta en 20 años. Aunque desde el gobierno intentan enviar el mensaje de que a partir de ahora irá en descenso, lo cierto es que no hay razones materiales que permitan afirmarlo. El mercado se mantiene escéptico y algunos economistas advierten que las cifras en torno al 6% podría ser apenas un piso para lo que viene si el diagnóstico no es el correcto.
El economista y exdirector del BCRA, Enrique Szewach, asegura que la Argentina está absorbiendo el desequilibrio monetario que se generó, primero, durante la cuarentena de 2020, y luego para financiar el “plan platita” del cuarto trimestre del 2021. Sobre este escenario de base, se monta el acuerdo con el FMI, que obliga a “desanclar” parcialmente el tipo de cambio oficial y las tarifas de servicios públicos, mientras la invasión de Putin a Ucrania alteró los precios internacionales de alimentos y energía. ¿Cuál es el resultado de este fatídico combo? Inevitablemente la inflación seguirá siendo alta en el corto plazo. El gobierno está pagando los costos por la falta de previsibilidad que tuvo en el pasado reciente y las decisiones adoptadas por sus otrora aliados internacionales.
Cambiar sin que nada cambie
Planteado este escenario, en el mejor de los casos una política monetaria más restrictiva, una economía coordinada y un anclaje de las expectativas podrían contener la aceleración y estabilizar la tasa de inflación (aún en cifras altas). Por el contrario, la deriva política y económica que ha demostrado el gobierno hasta ahora solo generará un deterioro mayor. Si se incumple el acuerdo con el FMI para satisfacer las presiones de los segmentos más radicalizados de la coalición, el escenario será aún más caótico. Volvemos entonces a la cuestión de los qué y los cómo, que dependerán del diagnóstico que el gobierno haga del frágil entorno económico y su lectura respecto a la próxima contienda electoral.
Leé también: Economía en crisis: Argentina suele confundir causas con consecuencias
Si el gobierno realiza un diagnóstico adecuado respecto a las limitaciones, las posibilidades y los peligros que existen frente a la dinámica inflacionaria actual, y si pretende recuperarse electoralmente (para ser nuevamente competitivo en 2023) necesitará redefinir el rumbo y adoptar decisiones concretas que vayan en una dirección opuesta a la actual, ya sea con estos nombres o con otros. Pero la clave estará en las decisiones de fondo. Si los qué y los cómo no están basados en lecturas acertadas de la realidad y una fuerte voluntad política, entonces los nombres podrán cambiar sin que nada cambie.
De este modo, el “gatopardismo” puede ser un escenario posible. Pero aún más importante, frustraría cualquier chance de recuperar competitividad electoral para un Frente de Todos que, en ese sentido, cada vez tiene menos tiempo para reaccionar y esperar que eso influya en el comportamiento electoral de la sociedad.
