Este sábado, tuvimos casi 20 mil casos para 75 mil testeos. Es decir, el porcentaje de positividad aumentó. Esto está demostrando que la segunda ola está presente con mucha fuerza. Y si esto sigue, no sería ilógico pensar en los 30 mil positivos diarios para los próximos días. Este es un momento, entonces, de enorme necesidad de convencer a la ciudadanía: a usted y a cada uno de nosotros. Las normas deben ser, por parte del Gobierno, dictadas e implementadas pensando en ver cómo se persuade, por la imposición nada va a ocurrir.
Hay un elemento muy importante para tener en cuenta de esta segunda ola. Del análisis cualitativo de los números, surge la dimensión de la exigencia y el desafío. ¿Por qué? En la primera ola los afectados tenían más de 65 o 70 años. Esas personas, en la mayoría, no constituyen la población económicamente activa de la sociedad, que reciben la ayuda de la miserable jubilación. En esta ocasión es diferente, porque las edades que abarcan mayoritariamente van entre los 20 y los 55 años, adultos que viven de su trabajo.
Por eso es difícil controlar y que se respeten las normas, porque esas personas dependen pura y exclusivamente de su trabajo, de lo que hacen diariamente. No saben si van a recibir la ayuda del Estado. No tienen ni siquiera la jubilación. Como si fuera poco, un enorme porcentaje está en negro. Esta es la realidad que hoy ofrece la Argentina. Desde el punto de vista epidemiológico no hay duda de que hacen falta restricciones, pero es irreal hablar de medidas sin considerar la catástrofe económica que vivimos.
Perón no era perfecto, tenía cosas buenas y malas. Él decía “conducir no es imponer, es convencer”. Y eso es lo que hoy no logra este Gobierno, ni siquiera en los grupos propios. ¿Por qué? Porque han perdido autoridad moral. Y por supuesto que cuando un grupo político niega la realidad, esto aumenta: si prometés cosas que no vas a cumplir y disfrazás cosas que son delitos, como el tema de las vacunas, como no existentes, te quita absoluta autoridad para convencer.
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Hay un porcentaje importante de gente que cree que las cifras del coronavirus no son reales; no solo es así, sino que son pocas, porque no hacemos la cantidad de testeos que se hacen en Europa. Pero hay gente que hoy al Gobierno no le cree. Lo mismo ocurrió cuando Alberto Fernández dijo que se había contagiado de Covid-19, lo cual era cierto, y actualmente se encuentra cursando bien la infección, ayudado por la vacuna. Pero estas son las consecuencias del accionar que se ha llevado adelante desde hace mucho tiempo.
El Gobierno además ha cometido otro error: ha buscado la división política y se ha embarcado en el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es una herida letal para la credibilidad, sobre todo del presidente de la República, que pasó a formar parte de los mentirosos. Alberto Fernández miente, y miente con frecuencia.
En estos días, en los cuales el Presidente de la República expresó su furia contra la oposición, a los cuales trató de “imbéciles” y “malas personas”, marcando otro aspecto que lo acerca enormemente a Cristina, como lo es ser una persona ordinaria. Alberto tiene derecho a enojarse y la oposición mucho por lo que debe ser criticada, pero el mandatario de un país debe generar jerarquía en todo, porque tiene un rol modélico.
En este contexto, la pandemia, con la angustia que genera, tapa muchas cosas que son importantes para un país. Hoy hay un 42% de pobres. Alberto Fernández dijo, al margen de esa expresión ordinaria, algo impactante, que desnuda todo lo que venimos diciendo: que Cristina Fernández de Kirchner “no cree en el Estado de Derecho”, algo que no sorprende.
No es que no cree en un juez, por lo que tiene todo el derecho, sino que no cree en el Estado de Derecho. Ergo, este es el proyecto a futuro: la “venezualización” de la Argentina. La suma del poder público absoluto. Por eso está la reforma judicial. No es casualidad que la encabece, entonces, el abogado de la vicepresidenta. Hay que estar atentos a esto.
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Y hay otro elemento más que el kirchnerismo exhibe permanentemente que es la mentira. Pretenden convalidar lo malo como bueno. Martín Soria, hoy ministro de Justicia, dijo estos días que no tiene problema en que su secretaria autorice algo con una firma falsificada y que eso no es un delito. Esta es la República a la cual aspira Cristina, una donde la ley no valga nada, sino la voluntad del que tiene el poder.
