Uno de los problemas más significativos del sistema político argentino es la enorme desconfianza que existe entre las partes. Esta aseveración no presenta ninguna novedad. En Los que mandan (1964), un libro clásico de la sociología argentina, en el que se realiza un análisis minucioso y metódico sobre la elite política, José Luis de Ímaz se refería a esta cuestión. Es decir, mucho antes de que existiese el kirchnerismo e incluso antes de la consolidación democrática, el recelo entre la clase dirigente ya obstaculizaba el funcionamiento del sistema político.
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El debate respecto al eventual cambio en la fecha de las PASO necesariamente debe ser observado considerando la desconfianza acumulada entre las partes. Si se analiza en el vacío, no parece disparatada la idea de retrasar seis semanas la elección ya que eso permitiría incrementar el número de personas vacunadas, incluyendo al personal que estará vinculado a todo el dispositivo electoral (fiscales, presidentes de mesa, fuerzas de seguridad). Pero con el kirchnerismo en el poder, el precedente de modificar la fecha de una elección, aunque sea en el contexto de la pandemia, puede resultar, de mínima, temerario.
El presidente Alberto Fernández se aleja cada vez más de las posturas moderadas y el Frente de Todos se radicaliza siguiendo los preceptos del kirchnerismo más duro. Tanto en política exterior (salida del Grupo de Lima, fin de las alertas de la UIF sobre el gobierno venezolano, discusiones con los mandatarios del Mercosur) como en política doméstica (avanzada contra la Justicia, ataques del ministro Martín Soria al procurador, falta de transparencia con las vacunas) hay síntomas de un severo deterioro institucional. Las elecciones son el último bastión de las garantías democráticas y por eso su manipulación genera preocupación.
El aumento de los contagios (provocado por la segunda ola), las deficiencias en la detección de los casos (se sigue testeando poco) y las demoras en el plan de vacunación (falta de vacunas y lenta aplicación) podrían justificar el cambio de fecha de los comicios, siempre y cuando exista un consenso unánime en la clase política, acompañado de argumentos científicos irrefutables. Si no se cumplen estas condiciones, la manipulación del calendario electoral puede resultar nociva en términos democráticos, sin ni siquiera mencionar la posibilidad de suspender las PASO sin pasar por el Congreso, lo cual es abiertamente inconstitucional (el poder Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral).
La enorme desconfianza que existe entre gobierno y oposición incrementa los costos de transacción para resolver este y cualquier otro problema en la Argentina, incluyendo el mal funcionamiento de la justicia. En vez de abordarse de forma responsable y a través de un debate amplio, el presidente Alberto Fernández prefirió avanzar con una reforma discrecional y circunscripta a los intereses particulares de su vicepresidenta. Con la economía sucede lo mismo: en un escenario en el que prevalece la desconfianza, resulta ilusorio el planteo de Cristina Kirchner de generar el consenso necesario que permita resolver lo que ella llama el problema de la “economía bimonetaria”.
Episodios como el de la reunión del martes pasado en Casa Rosada no hacen más que alimentar esa desconfianza. Los asistentes de la oposición (entre ellos Cristian Ritondo y Jorge Macri) fueron convocados por un tema y se encontraron luego con que la intención de fondo era otra. En rigor, el encuentro era para sellar la puesta en marcha del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal, a través del cual Nación se compromete a girar $5000 millones a los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Este ardid de convocar a dirigentes de la oposición sin develar las verdaderas razones tiene un antecedente relativamente cercano. Cuando en septiembre de 2020 el presidente Fernández anunció la quita de fondos a la Ciudad lo hizo también rodeado de intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio que no conocían los detalles de lo que se estaba por anunciar (a Jorge Macri le tocó estar en ambas oportunidades).
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Llama la atención que la preocupación por los eventuales contagios durante las PASO solo haya llevado a pensar en modificar el calendario, pero no se examinen otras maneras de contribuir para que disminuya la probabilidad de contagio durante el proceso electoral. ¿Por qué no implementar el mecanismo de boleta única? Desaparecería el robo de boletas y, por lo tanto, disminuiría la importancia relativa de los fiscales. Si cada votante recibe una boleta única para marcar su voto en el cuarto oscuro, no tendrá que manipular otros papales más que ese. Esto simplificaría el sistema, al tiempo que se ahorraría el dinero de la impresión de las boletas.
