El interés del ministro de Economía en el 2010 por la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica se hizo público en un diario masivo, Clarín, el 18 de septiembre del 2011. El funcionario era Amado Boudou. Antes, se había conocido información sobre el tema en la web del escritor Jorge Asís.
La entonces diputada del GEN, Margarita Stolbizer, había presentado un pedido de informes en el Congreso para indagar sobre esa trama aún desconocida para la opinión pública: nadie en el Congreso le prestó atención al escrito pionero.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el jueves pasado la condena a Boudou y a otros procesados en la causa Ciccone. La pena está firme. Boudou fue condenado a cinco años de cárcel y 10 meses e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por haber cometido dos delitos de corrupción con el objetivo concretado de adueñarse de la única fábrica de billetes privada del país.
Pasados los años, se revelaron varios aspectos más de esta historia increíble. El Frente para la Victoria había sido obligado a imprimir las boletas electorales de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la nueva Ciccone. También las boletas para la elección nacional. Esos papeles que se usaron en los comicios de diciembre del 2011 eran encabezados por la fórmula presidencial Cristina Fernández-Amado Boudou.
No fue por azar que el oficialismo K eligió a la ex Ciccone, con nuevos dueños, para confeccionar la materia prima crucial para los comicios. Boudou ya tenia influencia sobre la mega imprenta. Fuentes calificadas del entonces y actual oficialismo, hoy alejadas de Boudou, de miembros del Gabinete de aquellos años, aseguran que la Presidenta que ganó la reelección con Boudou de vice conocía la influencia que su compañero de fórmula tenía sobre el management de la sociedad The Old Fund que había “comprado” la mayoría del paquete accionario de la planta gráfica ubicada en la Panamericana y ruta 202.
El acusado de ser testaferro de Boudou para tomar el control de esa empresa, Alejandro Vandenbroele, había entrado a la Casa Rosada. Está probado por la Justicia. Vandenbroele declaró en el juicio oral del caso Ciccone, en el 2018, en calidad de arrepentido.
Para que Boudou y sus amigos de la Mar del Plata de su infancia y adolescencia tomaran el manejo de una compañia estratégica como era Ciccone Calcográfica, que había confeccionado plata, pasaportes y DNI para el Estado, accionaron varios organismos del Estado K.
La imprenta Ciccone había entrado en crisis financiera. El juez en lo penal económico Javier Cosentino, decidió alquilar las instalaciones de la imprenta a la empresa gráfica y del juego Boldt. La AFIP pidió luego la quiebra de Ciccone. Jamás el organismo recaudador toma esa medida sobre una compañía en concurso de acreedores. La secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, también se presentó en ese expediente para sacar a Boldt de la planta gráfica en disputa.
Otro organismo estatal, Defensa de la Competencia, actuó en un sentido similar. Directivos de Boldt se entrevistaron con el socio en los negocios privados de Boudou, José María Núñez Carmona, que les explicitó que hablaba en nombre del funcionario prepoteándolos: “Se tiene que ir de Ciccone. La compramos nosotros”. Según consta en el expediente judicial de la causa, cuando los gerentes de Boldt le preguntaron en nombre de quién les hablaba, Núñez Carmona no tuvo filtro: “Hablo en el nombre de Boudou”. Quedaron alelados.
¿Cristina no podía saber que su ministro de Economía y candidato a vicepresidente se había involucrado en una acción semejante? Las evidencias indican lo contrario.
Una vez masificado el caso Ciccone, y con la causa judicial ya iniciada, con Boudou asumido como vice, el Estado que lideraba Fernández primero rechazó contratar a la ex Ciccone para confeccionar dinero. Pero a los pocos días sucedió lo contrario.
En el primer trimetre de 2012, el Gobierno K contrató a la planta gráfica de la polémica para confeccionar 410 millones de 100 pesos. La empresa, paradójicamente, era investigada además por lavado de divisas. La Justicia allanó luego el departamento que Boudou tenía en Puerto Madero. Se demostró que Vandenbroele vivía en él, pagaba expensas, servicios públicos y el cable.
El oficialismo continuó la defensa de su vice. Y la profundizó en agosto del 2012 cuando la propia presidenta mandó un proyecto de ley para expropiar la ex Ciccone a sus dueños supuestamente desconocidos. La mayoría peronista en Dipitados y el Senado aprobó esa Ley inexplicable. Boudou presidió la sesión de confiscación de su propia empresa. No hubo propietarios que reclamaran indemnización. La AFIP K aceptó públicamente que Boudou firmó un expediente que facilitó que The Old Fund tomase en su momento el control accionario de la empresa. La presidenta además impulsó y apoyó a Boudou para que en la semana santa del 2012 expusiera en un monólogo rabioso en el Senado, solo en un salón frente a periodistas, denuncias contra el primer juez que lo investigó, Daniel Rafecas: el primer fiscal, Carlos Rivolo y el Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Ciccone se transformó en una política de Estado.
Aunque nunca jamás la presidenta defendió en público a su vice. Lo “blindó” con medidas políticas.
Según fuentes del kirchnerismo inobjetables, hacia el final de ese mandato que terminó en el 2015, Fernández apenas le dirigía la palabra a su vice procesado, quien, al momento de dar explicaciones en una entrevista con TN, con la causa muy avanzada, se contradijo, no pudo argumentar las acusaciones en su contra con solidez y quedó en evidencia que su socio, familiares y hasta una expareja estuvieron involucrados en esta historia.
Boudou fue preso con la gestión Macri en el poder. Fernández tampoco lo defendió.
Tras conocerse esta semana que su condena efectiva de cárcel quedó firme por decisión de la Corte Suprema, entonces sí dirigentes y funcionarios de La Cámpora y muy cercanos a la hoy vice hicieron declaraciones políticas en defensa total de Boudou y criticaron a la Corte.
Boudou y Cristina, en el caso Ciccone, son rehenes de sí mismos.
