El cierre de Vialidad Nacional reavivó la preocupación por el manejo y el mantenimiento de las rutas a lo largo y ancho del país. Tras meses de fuerte reducción presupuestaria en obras públicas, que llevó a un notable deterioro de la infraestructura vial, el Gobierno insiste en que avanzará con la privatización de los corredores, mientras los constructores aseguran que repararlos tendrá costos altísimos.
La Dirección Nacional de Vialidad (DVN) administraba 40.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país, de los cuales más de 6000 kilómetros están gestionados por la empresa estatal Corredores Viales, una de las compañías sujetas a privatización por la Ley Bases.
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Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, empezó un proceso de reducción de gastos, en el que las partidas vinculadas a la inversión y la realización de obras públicas fueron de las más afectadas.
En ese orden, en los primeros cinco meses de 2025, la Dirección Nacional de Vialidad mostró una caída del 75% en su gasto devengado -el comprometido, pero no necesariamente pagado- en comparación con el mismo período de 2023, de acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande.
Las cifras, además, van en sintonía con la decisión oficial de dejar de ejecutar algunas obras y traspasar a provincias y municipios otros proyectos. Hace poco más de un mes, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, fue a la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y presentó un documento en el que mostró que al inicio de su administración, la Nación tenía a su cargo 2337 obras, de las cuales 1668 se dieron de baja. Es decir, que el Gobierno suspendió más del 70% de las obras que tenía originalmente.
En el caso de Vialidad también se priorizó la ejecución solo de algunas iniciativas y se firmaron convenios con distintas jurisdicciones para ceder esos proyectos. Según se informó oficialmente, hasta el momento se encuentran en ejecución y/o próximas a reiniciarse unas 60 obras.
“Se contemplarán otras obras a medida que la disponibilidad de recursos y la prioridad establecida en cada momento lo amerite, tomando en cuenta su impacto en el orden vehicular y los riesgos asociados a la seguridad vial”, detalló el Ejecutivo.
El deterioro de las rutas nacionales en números
Este panorama, inevitablemente, derivó en una fuerte desmejora de las rutas. La última evaluación de la red nacional de caminos graficó que el estado del 29% de los trayectos viales era malo y otro 23,5% regular. Es decir, que el estado del 52,5% de las rutas no es bueno.
“El deterioro progresivo de la infraestructura vial se produce fundamentalmente ante la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción, mitigación, conservación y mantenimiento de las rutas en sus calzadas principales, banquinas, márgenes laterales, zonas libres de obstáculos o zonas despejadas, cunetas de desagüe, señalizaciones horizontal y vertical, iluminación, obras de arte, puentes, etc.”, explicaron en la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina).
En consecuencia, según Fepevina, el impacto económico del deterioro de las redes viales provoca una suerte de “efecto cascada”, ya que por cada peso que no se invierte en mantenimiento, se deberá gastar más adelante entre tres y cinco veces más en reparación.
Rutas nacionales en camino a la privatización
Ahora, con el cierre de Vialidad, la gestión de Milei quiere transferirles a los privados 9154 kilómetros de rutas nacionales -dentro de los cuales están los que administra Corredores Viales-, que equivalen a un poco más del 20% de la red vial nacional total, pero concentran el 80% del tránsito. De allí el interés que puede despertar en los privados.
Como informó TN, el 3 de junio se lanzó la licitación pública nacional e internacional para operar más de 700 kilómetros de la llamada ruta del Mercosur en dos tramos: el llamado “Oriental” -que incluye las rutas 12, 14, 135, A015 y 117- y el que conecta el Puente Rosario-Victoria.
El 5 de agosto será una fecha clave en ese proceso, ya que se abrirán los sobres con las propuestas presentadas y luego se procederá a la evaluación de esas ofertas para eventualmente avanzar en una adjudicación.
De todos modos, en el sector de la construcción mantienen sus reparos. Por empezar, advierten que por las malas condiciones se necesita de una inversión de US$100 millones para reparar cada corredor que se quiere concesionar. A ese monto habría que agregarle los costos de mantenimiento, por lo que -asumen- que el traslado al precio de los peajes podría ser muy elevado.
Si bien reconocen que hay empresas constructoras interesadas, todavía necesitan mayor financiamiento por parte de los bancos para invertir en la operación de los corredores.
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Además, hay una inquietud que apareció tras el anuncio del cierre de Vialidad, cuyas funciones se distribuirán entre la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades del Ministerio de Economía: una en la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.
En el sector privado entienden que la reorganización del área requerirá tiempo y eso implica mayores demoras para el arreglo de la infraestructura vial. “No sabemos cómo va a funcionar la nueva administración de Vialidad y eso demora también el mantenimiento de las rutas que de por sí están muy rotas”, se lamentan.
