En la actualidad, el derecho penal cuenta con herramientas para investigar hechos vinculados con los deepfakes. Detrás de este tipo de maniobras puede haber una estafa, una extorsión, una amenaza o una suplantación de identidad.
El verdadero desafío hoy está en la prueba.
Ya no alcanza con decir “hay un audio” o “hay un video”: hay que acreditar su autenticidad, su origen y si fue manipulado. La inteligencia artificial obliga a que la evidencia digital tenga cada vez más trazabilidad y respaldo pericial.
Pero ¿qué responsabilidad tiene quien presta su cuenta bancaria para recibir una transferencia?
En una estafa realizada mediante un deepfake pueden intervenir distintas personas: quien genera el contenido falso, quien engaña a la víctima y también quien recibe o mueve el dinero. En ese contexto, prestar una cuenta bancaria no convierte automáticamente a alguien en responsable penal. Habrá que determinar si conocía el origen de los fondos y qué participación tuvo en la maniobra. La investigación debe reconstruir toda la cadena, desde el engaño generado con inteligencia artificial hasta el destino final del dinero.
Decir “yo no sabía” no alcanza, por sí solo, ni para condenar ni para absolver a alguien.
Lo que importa es aquello que puede probarse. Si una persona recibe dinero de desconocidos, cobra una comisión y después lo retira o lo transfiere siguiendo instrucciones de terceros, esos elementos pueden ser relevantes para analizar qué conocimiento tenía. Pero el derecho penal no debería castigar una mera sospecha: hay que demostrar el elemento subjetivo que exige cada delito.
Los deepfakes pueden transformarse en una herramienta particularmente potente para la extorsión. Una imagen, un audio o un video falso pueden utilizarse para amenazar a una persona con difundir determinado contenido si no entrega dinero o realiza alguna conducta. En ese caso, la tecnología es el medio; jurídicamente, lo que debe analizarse es la conducta concreta. La IA aumenta la capacidad de engaño, pero no elimina las categorías tradicionales del derecho penal.
La importancia de la evidencia
Lo primero es conservar todo: mensajes, archivos originales, correos electrónicos, teléfonos, comprobantes de transferencias y datos de las cuentas involucradas. También es fundamental no modificar los archivos, porque podría perderse información técnica relevante. En una investigación pueden ser importantes los metadatos, los registros de comunicaciones, los movimientos bancarios, los datos de los dispositivos, la actividad de los usuarios y los peritajes informáticos. La clave ya no es solamente tener el archivo, sino poder demostrar de dónde salió y que mantiene su integridad.
En conclusión, la inteligencia artificial no cambia una regla básica del proceso penal: una condena necesita pruebas suficientes. Y hay algo que sí cambia: el estándar de cuidado con el que debemos analizar esa evidencia.
(*) Andrés García Vautrin es Abogado penalista, especializado en delitos financieros, fraudes con cripto activos, estafas tecnológicas y nuevas formas de criminalidad asociadas al entorno digital.
