El Ministerio de Salud de la Nación inició un proceso de “reorganización y eficientización de recursos” tras detectar decenas de irregularidades en la gestión de los centros de salud. Los detalles.
Así lo dispuso el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 a cargo del juez Santiago Carrillo. En la resolución se desestimó la medida precautoria peticionada por la Sindicatura General de la Nación para poder hacer una revisión sobre la universidad.
El organismo revisará convenios que diversas casas de estudios de todo el país firmaron con ministerios y organismos públicos durante la gestión de Alberto Fernández e incluso durante el período que abarca el gobierno de Mauricio Macri.
Un representante oficial se presentó en el rectorado y dejó una notificación ante la falta de respuestas de las autoridades universitarias. “Lo que está en juego es la transparencia del uso de los recursos públicos”, el síndico general de la Nación, Miguel Blanco.
La SIGEN mantiene bajo estricta reserva el resultado del análisis que busca determinar si existió desvío de fondos y malversación de caudales públicos.
Según indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, los casos se reportaron entre los años 2003 y 2015. Se realizará una auditoría a 1,2 millones de beneficiarios.
TN accedió a documentos que hicieron organismos de control sobre Trenes Argentinos Operaciones. Uno de ellos habla de unidades en el AMBA con tareas de conservación “diferidas sin certificado de aptitud” y de deudas con proveedores.
El trabajo lo realizará la Sigen, órgano de control interno. Se verificará que se haya cumplido el objetivo del contrato y que el Estado haya recibido la contraprestación acordada.
El Ejecutivo se reunirá con los rectores el 30 de abril en el Palacio Sarmiento. El oficialismo aún no tiene definida la estrategia con la comisión del Congreso que autoriza los controles en las Facultades.
En la Casa Rosada aseguran que “los fondos necesarios ya se mandaron” y que hay un diálogo constante entre la cúpula del Gobierno, el vicerrector de la UBA y las autoridades de las facultades nacionales.
Surgen diferencias entre lo que informan los ministerios y organismos respecto de los inventarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Hay historias insólitas: Cancillería reclama hace 20 años por un edificio que es de un privado.
También detectó falta de ejecución en las principales áreas de trabajo de ministerios y organismos, a la vez que se registró la ausencia de una base integral y actualizada de la totalidad de compras y pagos realizados. La Sindicatura General de la Nación analizará caso por caso con cada ente.
TN accedió a datos oficiales sobre la revisión integral de la administración pública. Justicia es la cartera que más casos enfrenta. El expediente por el plan Qunita y el que involucra a Ciccone Calcográfica, dos de los más resonantes.
TN accedió a datos de la revisión integral que hizo la SIGEN con todos los ministerios y organismos. Hay obras de arte valuadas en millones de dólares alojadas en sitios sin control anti incendio.
TN accedió por primera vez a detalles sobre la revisión integral de la Administración Pública que ordenó Javier Milei. Hay organismos con más de 700 mil juicios en trámite y pequeñas áreas cuyos empleados tienen sueldos más altos que los de los ministerios.
TN accedió a datos sobre la revisión que la Casa Rosada hizo de los fideicomisos. Advirtieron sobre faltas de control y comités que aprueban puntos sin que estén en el orden del día.
El Presidente todavía no arrancó a escribir el discurso que presentará ante el Poder Legislativo porque espera el informe de la planta estatal que realizó Nicolás Posse. A sus cercanos, les dice que dará “datos fuertes” en el recinto.
“Hay varios detalles técnicos que restan definir”, le dijo un funcionario a TN. Es una de las prioridades del presidente Javier Milei.
En medio de la puja con el personal de la Casa Rosada y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en enero intentará reducir “la acumulación de empleados para una misma función”. Los meses siguientes, habrá nuevos recortes.
Como aún faltan nombramientos, continúan a cargo varios funcionarios de la exvocera presidencial Gabriela Cerruti a los que les prorrogó su contrato hasta junio de 2024 previo a abandonar la función.
