El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley que penaliza el vandalismo en las escuelas públicas y privadas con sanciones que van desde la realización de trabajos comunitarios a fuertes multas y hasta 30 días de cárcel.
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El director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, explicó que en lo que va del año hubo 117 hechos de robo y vandalismo en establecimientos educativos bonaerenses, cuyas reparaciones costarán al Estado al menos $100 millones.
"Este proyecto busca mostrar que la escuela es un lugar que la ley tiene que proteger, que cualquiera que atente contra el colegio tendrá un castigo. Queremos generar conciencia, proteger a la escuela como un lugar central de la comunidad y cuidar a los docentes", dijo el funcionario a la agencia Télam.
La iniciativa, que entró este lunes por la Cámara de Senadores, pretende que se sancione con arresto de entre 5 y 30 días al que "coloque, introduzca o arroje sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones" dentro de una escuela o en sus inmediaciones.
Además, prevé multas de entre el 50 y el 100% del sueldo mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía bonaerense, que es de 29.854 pesos. Las mismas sanciones se aplicarán a quien manche o ensucie muebles o inmuebles destinados al servicio de educación, o cualquiera de las instalaciones de una escuela.
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En el caso de que se trate de menores de edad, el juez deberá determinar si su conducta fue consecuencia de falta o negligencia por parte de los padres o tutores. De ser así, los adultos serán sancionados con arresto de uno a cinco días o multa de entre 30 y 60% del haber del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía.
En esta situación, el magistrado podría reemplazar las sanciones de arresto o multa, por la imposición de dos a diez días de trabajos de utilidad pública, siempre y cuando el adulto no tenga condenas previas, y la gravedad y demás características del hecho lo justifiquen.
"Se considerará un día de trabajo de utilidad pública la prestación de tres horas de trabajo, que se deberán realizar en establecimientos públicos, como ser escuelas, hospitales, u otras instituciones estatales. Se deberán prestar en los lugares y horarios que determine el juez, fuera de la jornada de actividades laborales o educativas del contraventor", señala el texto del proyecto.
