Las tormentas extremas, que combinan lluvias torrenciales, inundaciones catastróficas y vientos huracanados, están siendo potenciadas por el cambio climático, afectando a comunidades en todo el mundo.
Este fenómeno no solo amenaza vidas humanas, sino que también compromete infraestructura crítica y recursos económicos en múltiples regiones. Expertos internacionales y locales coinciden en que, si bien no se pueden evitar estos eventos, es posible mitigar sus impactos mediante soluciones basadas en la naturaleza y una gestión de riesgos adecuada.
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Pablo Sarricolea, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, es contundente al explicar el vínculo entre el cambio climático y las tormentas extremas.
“Eventos como las DANA (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) -de la magnitud de la que azotó a Valencia-, están siendo más frecuentes debido al calentamiento global. Esto no es casualidad, sino una consecuencia directa de la acumulación de gases de efecto invernadero”, afirmó.
La devastadora tormenta en España dejó un saldo de cientos de muertos y desaparecidos. Según el experto, lo preocupante es la rapidez con la que estos eventos evolucionan: “En solo unas horas cayeron más de 500 litros de agua por metro cuadrado. Esto satura los suelos, desborda los sistemas de drenaje y genera daños irreparables”.
El académico también explicó que América del Sur no está ajena a este tipo de fenómenos. “Aunque no hemos visto DANA de la magnitud de la de Valencia en nuestra región, el riesgo está latente. Sobre todo en Chile, donde el panorama es preocupante”.
Una de las claves para minimizar los impactos de las tormentas extremas radica en lo que se llama “infraestructura verde y azul”. “Necesitamos diseñar ciudades que trabajen con la naturaleza, no en su contra. Esto incluye la creación de parques inundables, lagunas temporales y sistemas de drenaje urbano eficientes. Estas soluciones no solo son sostenibles, sino también efectivas”, aseguró el especialista de Chile.
El caso argentino: la gestión de riesgos del SINAGIR
En la Argentina, el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) desempeña un rol crucial en la prevención y respuesta ante desastres naturales. Martín Guerra, director de Operaciones de Protección Civil, detalló cómo el sistema coordina los esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.
“Cuando ocurre un evento como una tormenta extrema, activamos un protocolo escalonado que incluye provisión de recursos críticos, establecimiento de refugios temporales y aseguramiento de telecomunicaciones interoperables”, explicó a TN.
Guerra destacó que uno de los pilares del SINAGIR es la capacitación: “En 2024 realizamos más de 300 simulacros en municipios de todo el país. Estos ejercicios nos permiten evaluar nuestra capacidad de respuesta y hacer los ajustes necesarios”.
También hemos fortalecido brigadas especializadas, como los equipos de búsqueda y rescate urbano, que son fundamentales en situaciones de colapso estructural”, señaló.
En sintonía, Sebastián Portillo, coordinador de Prevención del Riesgo de Desastres del Ministerio de Seguridad, subrayó que la planificación urbana debe adaptarse a nuevos desafíos.
“En la Argentina, monitoreamos amenazas en zonas de alta vulnerabilidad climática para adaptar estrategias preventivas y fortalecer capacidades locales”, explicó a este medio.
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Entre las acciones urgentes, existe la necesidad de instalar parques inundables, espacios verdes que -además de cumplir funciones recreativas- están diseñados para absorber grandes cantidades de agua durante lluvias intensas o crecidas.
Las lagunas temporales también son eficientes. En concreto, son áreas diseñadas para actuar como depósitos naturales de agua en momentos de lluvias intensas. Estas lagunas se llenan de agua durante las tormentas y, una vez que pasa el evento, se vacían gradualmente, permitiendo que el agua se filtre al suelo o sea redirigida de manera controlada. Esto ayuda a evitar que el exceso de agua llegue a las calles.
Otro componente esencial de la estrategia argentina es el uso de tecnología avanzada para monitorear y anticipar riesgos. “Contamos con el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias (SINAME), que recopila datos en tiempo real de organismos como el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales”, explicó Guerra. Según el directivo, estos datos son clave para emitir alertas tempranas y coordinar respuestas rápidas.
Portillo complementó esta visión al destacar la importancia de los sistemas de alerta comunitaria. “Estamos trabajando en un proyecto llamado ‘Comunidades vulnerables aguas abajo’, que busca preparar a las poblaciones cercanas a presas y ríos caudalosos. Esto incluye capacitaciones sobre mapas de riesgo y planes de evacuación”, detalló.
Además de las estrategias de respuesta, es fundamental repensar la planificación urbana para enfrentar los desafíos climáticos. “Las ciudades deben incorporar principios de desarrollo sostenible en sus políticas. La falta de previsión aumenta la exposición al riesgo, especialmente en asentamientos informales y zonas de alta vulnerabilidad”, afirmó Portillo.
El experto también subrayó que los municipios tienen un papel central en la implementación de medidas de mitigación. “Los gobiernos locales son los primeros en responder ante una emergencia. Por eso, fortalecer su capacidad operativa y financiera es indispensable”, concluyó.
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Los expertos coinciden en que el cambio climático exige una acción coordinada y urgente. “Invertir en prevención es más barato que reconstruir después de un desastre”, señaló Sarricolea. Por su parte, Guerra enfatizó: “La gestión integral del riesgo debe ser una prioridad en la agenda pública. Proteger a nuestras comunidades no es opcional; es una responsabilidad colectiva”.
En un mundo donde el cambio climático redefine las reglas del juego, la prevención, preparación e innovación son fundamentales. Solo a través de una combinación de infraestructura sostenible, tecnología avanzada y colaboración internacional será posible mitigar el impacto de las tormentas extremas y proteger a las comunidades más vulnerables.
