Este sábado 8 de julio se cumplen 15 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo “Mendoza”, un hito en el país que obligó al Estado a dar respuesta a la grave situación de contaminación en el Riachuelo.
Aunque la lista de pendientes está lejos de agotarse, la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) -con poderes legales e institucionales para impulsar el plan de saneamiento-, permitió llevar a cabo una limpieza de toneladas de residuos sólidos en el área del río y avanzar con obras de infraestructura para evitar que los desagües cloacales de la Ciudad de Buenos Aires contaminen el agua.
El territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo ocupa más de 2100 kilómetros cuadrados y habitan más de 4.500.000 de personas. Las tres principales fuentes de contaminación son los desechos cloacales, los desechos Industriales y los residuos sólidos.
Los avances
“Nosotros creemos en la implementación de políticas públicas, y las políticas públicas tienen que trascender las gestiones políticas. Están todas las obras en marcha, todas en ejecución, tanto las obras como los proyectos correspondientes a esta etapa, que nosotros decimos es la etapa del primer escalón del saneamiento de la Cuenca, para que luego vengan nuevas intervenciones, nuevas acciones, nuevas tareas”, sostuvo Daniel Larrache, director Ejecutivo de Gestión de ACUMAR.
Entre las principales obras figura la ampliación cloacal Sistema Riachuelo, la construcción del Parque Industrial Curtidor Lanús junto con su Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales, el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas, las obras de aguas y cloacas en la villa 2124, las soluciones habitacionales y relocalizaciones, el inicio de la urbanización en Villa Inflamable, la construcción del primer laboratorio ambiental de ACUMAR y la puesta en marcha del Centro Integrado de Monitoreo y Control Ambiental (CIMCA).
Las deudas
Para Giselle Munno Dithurbide, abogada e integrante del área de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “la lista de acciones socioambientales pendientes todavía es extensa”.
Leé también: Peligro de depredación: la maniobra oculta que ideó China para adueñarse de la pesca en el mar Argentino
“Hay que acelerar la velocidad de obras de agua y saneamiento que permitan disminuir los altos niveles de materia orgánica que hoy impactan en la cuenca de manera significativa y lograr que se adecúen la totalidad empresas -un largo listado- a través de planes de reconversión industrial”.
Asimismo, es fundamental finalizar los procesos de relocalización de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y riesgo sanitario y ambiental”, enfatizó la especialista. “No desconocemos la complejidad que implica sanear un río que ha sufrido tamaña contaminación durante siglos, pero es fundamental redoblar esfuerzos y políticas para que el balance de los próximos años sea más positivo que el actual”, agregó Munno.
En este sentido, en 2018 la Corte determinó que “la implementación del Plan Integral del Saneamiento cuenta con un bajo nivel de implementación, por lo que se le requirió a las autoridades que precisen y establezcan fechas ciertas para la finalización”.
Al respecto, el directivo de ACUMAR enfatizó: “Quince años es mucho tiempo, pero es poco para el desarrollo de una ciudad, para el crecimiento de una metrópolis, y mucho más para el saneamiento y la recuperación de lo que se arruinó durante 200 años. Es decir, a la ciudad de Buenos Aires le llevó 200 años generar el desmadre que ha sido la Cuenca. Entonces, en ese contexto, 15 años es poco tiempo para el saneamiento”.
“Las experiencias de otras ciudades, de otras regiones del mundo con similares problemas, nos demuestran esto, que lleva tiempo, mucho tiempo. Lo cierto es que esto tiene que ser algo que no pare, tiene que tener una continuidad de políticas en la ejecución y en el tiempo, y a partir de allí evaluar si es mucho o poco tiempo”, concluyó Daniel Larrache.
La lucha vecinal
En el año 2004 un grupo de habitantes presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
“Hace 23 años, el Riachuelo era un lugar con un olor fétido y una gran cantidad de residuos. Había barcos abandonados que se convertían en escondites para delincuentes. En ese momento nos dimos cuenta de que no había un interlocutor válido en la Nación o las provincias con quien hablar del tema y decidimos actuar para mejorar el barrio de La Boca. Nosotros no nos involucramos en la causa Mendoza, como se la conoce ahora, sino que somos los fundadores y el origen de esa causa”.
Con estas palabras narra la problemática Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, y da cuenta de los efectos que produce la contaminación del río. “En La Boca enfrentamos muchos problemas de salud, alergias y problemas respiratorios. A medida que nos acercamos al Riachuelo, la situación empeora considerablemente. Ahí es donde vemos una combinación de contaminación y pobreza, lo que agrava exponencialmente el problema”.
“Luego del fallo lo que más cambió es lo que nosotros llamamos cosmética o maquillaje. Hoy el espejo de agua lo ves y está limpio, ya no se ve ese sobrenadante asqueroso y todo lo que flotaba en el río”, señaló Alfredo.
Leé también: Por segundo día consecutivo, la Tierra batió el récord de temperatura global más alta desde que hay registro
“Existen varias formas de participación vecinal que deben ser reconocidas”, expresaron en FARN. “Hay grupos de personas que dedican gran parte de su tiempo a registrar las especies que hay en la cuenca, y buscan que este lugar sea conservado para el disfrute como un bien colectivo en lugar de destinarse a actividades comerciales o privadas. Estas observaciones se pueden publicar en plataformas digitales o en bibliotecas populares para que las personas de la cuenca tengan acceso a más información y se interesen por la ciencia en general y su relación con el entorno natural”.
La historia y las promesas incumplidas
Ante “la necesidad urgente de disminuir la putrefacción de las aguas”, el 10 de febrero de 1860 el Gobierno Nacional emitió un decreto en el que se prohibía tirar basura al Riachuelo. No fue el primer intento por frenar la ya perceptible tragedia ambiental. En 1811, la Primera Junta buscó limpiarlo, aunque el grado de contaminación no era de la magnitud que adquirió cien años después. En 1830, a veinte años de la Revolución de Mayo, se había intentado persuadir sobre los efectos de arrojar basura al río.
Leé también: Peligro, islas en extinción: los 3 países que primero desaparecerán por la crisis climática
La poco seria propuesta de María Julia Alsogaray al frente de la cartera de Ambiente también dio que hablar: prometió limpiar las aguas en mil días, un lapso irrisorio para una obra hídrica de semejante envergadura. Corría 1993 cuando impulsó esta idea que jamás se concretó, a pesar de haberse asignado a la cartera que ella lideraba un presupuesto que superaba los treinta millones de dólares.
El fallo Mendoza es uno de los mayores logros en materia judicial a nivel socioambiental. No obstante, conlleva múltiples desafíos que de ninguna manera podrán pasarse por alto y que ocupan tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto.
