Lucía Miranda Ruiz, la médica que fue imputada en Salta por practicar una aborto fue sobreseída este viernes por el juez Luciano Martini de la Sala I del Tribunal de Impugnación. El magistrado afirmó que Ruiz actuó autorizada por la ley y agregó: “Su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente sobreseimiento”.
El 24 de marzo de 2021, en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, la profesional le practicó la interrupción voluntaria del embarazo a una joven de 21 años identificada como JPM. La mujer, que tenía 22 semanas y dos días de gestación, afirmó que se arrepintió y les pidió a los profesionales volver atrás con el procedimiento.
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Días después, hizo una denuncia en la Fiscalía Penal 2 donde se detalla el accionar de la médica y de otros profesionales que prestaban servicio en ese momento.
“Quiero denunciar a la doctora Miranda Ruiz porque me mató a mi bebé. Yo quería abortar cuando fui al hospital Perón de Tartagal, pero cuando hablé con mi tío y mi tía, ya no quería hacerlo y más todavía cuando la vi a mi hija Angi”, dijo JPM según consta en los documentos del Ministerio Público.
Antes de la denuncia, el fiscal Gonzalo Ariel Vega había ordenado la detención de la médica que fue liberada a las pocas horas ante la presión política de algunos sectores del Gobierno, el apoyo de entidades feministas y la conmoción que provocó el caso en todo el país.
El reclamo por la liberación
Lucía Miranda Ruiz quedó detenida en una celda de la Fiscalía de Tartagal por orden del fiscal Vega. La médica clínica de 33 años, permaneció ahí por más de 4 horas hasta que las movilizaciones, los pañuelazos verdes y los comunicados de diversas organizaciones inclinaron la balanza de la justicia a dejarla libre, aunque imputada.
“Sin prueba alguna, se empezó a instalar una acusación falsa que no tiene nada que ver con mi actuación como profesional con mis pacientes. Después, un fiscal pide mi detención a un juez de Garantías por una denuncia que hace un familiar y no la paciente. Pide directamente mi detención y no que se investigue”, expresó Miranda Ruiz en una entrevista reciente.
“Jamás recibí la denuncia penal y sé que este caso se utilizó políticamente en Salta. Sucede también que soy la única médica no objetora”, dijo.
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Además, la profesional sobreseída agregó: “Desde el Ministerio de Salud me apoyaron todo el tiempo así como la mayoría de mis compañeros que militan el pañuelo celeste. Todos ellos me apoyaron. Sabían que yo no cometí ningún delito”.
La ley 27.610 sancionada por el Congreso nacional en diciembre del 2020, promulgada el 14 de enero del 2021 y reglamentada el 14 de agosto, garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Interrupción legal del embarazo (ILE) por causales: peligro para la vida, para la salud de la mujer o violación.
