La palabra de Marcelo San Román fue de las que se escuchó por menos tiempo, pero la que más fuerte sonó en un recinto del Congreso por la tarde del lunes.
Marcelo es el padre de Belén, una joven de 26 años que se quitó la vida luego de que se difundieran videos íntimos de ella. Hoy da nombre a uno de los proyectos que se presentaron contra la violencia machista digital. Para que no pase nunca más. “Tomé la decisión de honrar la memoria de mi hija”, dijo emocionado.
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En el anexo C de la Cámara de Diputados se presentaron dos iniciativas -como anticipó TN- que buscan cambiar la historia en materia de violencia de género relacionada con la tecnología. Se trata de la Ley Belén y la Ley Olimpia, que proponen introducir cambios fundamentales en la legislación argentina para introducir a la violencia digital como tal y establecer penas.
“Mi hija va a estar orgullosa de mí”
El lunes por la tarde, la sala C del anexo de la Cámara baja se empapeló con violeta. Pañuelos y banderas que identifican a la Ley Olimpia, y ahora también a la Ley Belén, cubrieron los escritorios para no dar lugar a dudas.
Este proyecto debe su nombre a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, que fue víctima de violencia digital al difundirse un video íntimo suyo cuando tenía 18 años. Encabezó la iniciativa para reformar el Código Penal mexicano y la ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente, en aquel país se considera delito y está penado.
En la Argentina, el proyecto con el mismo nombre propone modificar la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para incorporar a los espacios digitales como ámbitos en los que puede suscitarse violencia.
Pero también se promueve en comunión con el proyecto de la ley Belén, que impulsa modificaciones en el Código Penal de la Nación para prever penas de prisión de tres meses a tres años y elevar las multas establecidas.
“Tomé la decisión de honrar la memoria de mi hija, para que no le pase a ninguna otra chica”, dijo Marcelo, conmovido, en un recinto repleto de mujeres. “Decidí hablar desde el corazón y desde el dolor”, aseguró.
El caso de Belén, su hija, la agente de la policía bonaerense que cumplía funciones en Bragado, que se suicidó al verse inmersa en la más profunda angustia y vergüenza, representa la consecuencia irreparable de esta violencia.
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“Mi hija no soportó ver su cuerpo, su intimidad en distintas redes, cuando un hombre, si es que se lo puede llamar así, decidió difundirlo”, expresó. “Y después fue cómplice mucha gente, por seguir viralizándolo”, remarcó.
Marcelo fue, desde 2020, cuando la historia de Belén terminó de la manera más trágica, la cara visible de la lucha de la familia para pedir justicia. “A la causa la cerraron y nunca se investigó nada”, dijo.
“Este es un dolor que voy a llevar toda la vida. Pero mi hija va a estar orgullosa de mí, como padre y como hombre. Por eso siempre pido empatía”, sostuvo.
En un discurso breve y profundo, el hombre se mostró emocionado por el hecho de que una ley pueda llevar el nombre de su hija, y pidió que el tratamiento de estos casos cambie en la Justicia. “No puede ser que se naturalicen estas cosas, que maten a una chica y no pase nada. Belén también sufrió violencia física. Tiene que haber una condena”, reclamó.
Quién era Belén San Román: el caso que conmocionó y marcó un precedente en violencia digital
Belén San Román era agente de la Policía bonaerense y cumplía funciones en el Comando de Patrulla Rural de Bragado, provincia de Buenos Aires. Tenía 26 años cuando se disparó en la cabeza después de que un hombre viralizara material íntimo para extorsionarla.
De acuerdo con la familia de la víctima, la joven y Tobías Villarruel, que está detenido por robo desde 2018, tenían una relación a través de las redes sociales, pero no eran pareja. La joven, madre de dos chicos, creyó que se trataba de una buena persona y decidió darle una oportunidad.
La relación entre ambos se volvió más estrecha y mantuvieron una serie de videollamadas íntimas. Villarruel utilizó un segundo teléfono para grabar algunos de los encuentros virtuales y comenzó a amenazarla con difundir las imágenes. Finalmente, lo hizo y todo terminó en tragedia.
En este contexto, Asuntos Internos además le inició un sumario. Abrumada por la situación y las consecuencias que le generó, la policía se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria el 30 de noviembre de 2020.
Ni “porno” ni “venganza”: qué proponen la Ley Olimpia y la Ley Belén
La difusión no consentida de material íntimo, la mal llamada pornovenganza o “sextorsión” no constituyen un delito en la Argentina. Apenas es una contravención en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y con una pena muy baja.
En los últimos años, a la par del avance de las tecnologías de la comunicación e información, agrupaciones feministas comenzaron a impulsar modificaciones en la legislación a nivel nacional.
Esta iniciativa tomó forma concreta de la mano de la organización Género y TIC (GENTIC), y el grupo Ley Olímpia Argentina, que sumó apoyo desde las filas del Congreso, con la diputada del Frente de Todos Mónica Macha. Se materializó en dos proyectos: el de “Ley Olimpia” y “Ley Belén”. Estas son las principales propuestas de los proyectos:
Proyecto de Ley Olimpia
- Propone modificaciones en la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para que se incorporen los espacios digitales como ámbitos en los que puede suscitarse violencia.
- Introduce la definición de “violencia digital o en línea”
- Contempla, en la definición, la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC.
Proyecto de Ley Belén
- Propone modificaciones en el Código Penal de la Nación: para prever penas de prisión de tres meses a tres años y elevar las multas establecidas.
