La familia de usurpadores VIP de Cariló fue desalojada este miércoles y cinco personas, entre ellas dos menores, quedaron imputadas en la Justicia.
La toma de la casa en la localidad balnearia había circulado con fuerza en las últimas horas debido a algunos ribetes en la historia. Su verdadera propietaria, Viviana Villena, denunció que la encontró pintada de otro color y que cuando quiso ingresar había “15 personas en la pileta”. Y también porque el intendente de Pinamar, Martín Yeza, hizo público el caso y pidió la destitución del fiscal interviniente, Eduardo Elizarraga, debido a una supuesta inacción.
En las últimas horas la causa dio un vuelco: Elizarraga, a cargo de la Fiscalía Descentralizada N°5, pidió el desalojo y el juez, David Mancinelli, firmó la orden poco después del mediodía de este miércoles.
La Policía se dirigió hasta la propiedad, situada en Leñatero 565, y forzó la salida de tres personas oriundas de Mar del Plata: Patricia Elguero, de 48 años, Paul Echeverri, de 32, y Luciano Martínez, de 25. También había dos menores, una niña de 12 años y un niño de 7. Quedaron imputados por el delito de “usurpación”.
En su descargo, los usurpadores presentaron un contrato de alquiler apócrifo supuestamente firmado con la empresa Castagnole Lanze S.A, de la cual Villena es accionista y miembro del directorio. El documento tenía una particularidad, de acuerdo con el oficio de allanamiento al que TN.com.ar tuvo acceso: estaba a nombre de un hombre de 75 años llamado José María Espil, quien se presentó ante la verdadera propietaria cuando esta descubrió la usurpación, en enero pasado.
Sin embargo, cuando Villena volvió hace unos días, notó que en la casa vivían las personas que finalmente quedaron imputadas. La familia de usurpadores VIP aprovechó el aislamiento para terminar de afincarse e incluso cambiaron la fisonomía de la propiedad.
La usurpación
“El 5 de enero vine a veranear con mis hijos. Nos encontramos que en la propiedad estaba estacionada una Eco Sport blanca, viejita. Golpeamos la puerta y nos atienden dos personas mayores diciendo ser cuidadores”, relató la mujer. Y continuó: “Dijeron que habían alquilado por dos años. Le dijimos que eso era falso. Nos dijeron: ‘Van a tener que hablar con nuestro abogado’”, contó Villena.
“Era un griterío, terminamos llamando al 911. Vino la policía, que en la mano solo tuvo un contrato totalmente falso de alquiler. Y yo tenía la propiedad, tenía todo para demostrar”, recordó.
Martín Yeza, intendente de Pinamar, se hizo eco del caso en las últimas semanas: solicitó la destitución del fiscal por “su falta de accionar” y afirmó que “los vecinos no se merecen estos funcionarios públicos”. Días después, una causa que corrió riesgo de ser archivada causa dio un giro y este miércoles se ordenó el desalojo de los usurpadores.
