El 14 de abril, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había autorizado un reactivo para la detección de antígeno para SARS CoV-2, conocido como Test Rápido para Antígeno de COVID-19, bajo el rótulo de Producto Médico de Uso Profesional–venta en farmacias. La noticia provocó desconcierto, preocupación y alerta de toda la comunidad bioquímica del país dado que esa autorización resultaba contradictoria según las normas de la misma ANMAT.
Inmediatamente, las Instituciones bioquímicas y las facultades formadoras de Farmacéuticos y Bioquímicos de Universidades públicas y privadas manifestaron su preocupación.
Desde el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, se interpuso un recurso de revocatoria ante la ANMAT y en el mismo acto denunció la situación al ministerio de Salud provincial y a la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria del mismo ministerio. Colegios de todo el país presentaron sus reclamos en cada una de sus jurisdicciones provinciales.
El miércoles pasado, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Resolución 1533/21, que prohíbe la venta en farmacias del test mencionado, decisión que previamente habían tomado los ministerios de Salud de Mendoza, Neuquén, La Rioja y Entre Ríos y el colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Posteriormente, hizo lo propio San Luis y seguramente en los próximos días se sumarán más provincias.
No es un autotest
El test de antígeno para COVID-19 que se prohibió no es un autotest y claramente lo dicen las instrucciones de uso: “producto de uso profesional. El ensayo debe ser realizado por un profesional. Consulte al laboratorio clínico más cercano para su realización”. No puede hacerlo una persona en su casa, ni otra persona ni otro profesional que no sea bioquímico en un laboratorio de análisis clínicos habilitado.
La venta libre conlleva además a la proliferación de circuitos ilegales de testeos donde inescrupulosos encontrarán posibilidades de lucrar con la salud de la población.
No cabe duda de que hay que aumentar significativamente el número de testeos. Pero deben ser realizados por bioquímicos, únicos habilitados con incumbencias para el ejercicio de los análisis clínicos.
Por causa de autotesteos mal realizados o mal interpretados o de circuitos ilegales, puede haber resultados positivos no notificados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), que anulan la posibilidad del rastreo y el aislamiento, herramienta muy importante en el control epidemiológico. Con más probabilidad, producto de la impericia en la toma de muestra, realización y/o interpretación del test, habrá resultados falsos negativos que dan una ficticia sensación de tranquilidad, la persona sale libremente de su casa y seguramente contagiará a otros.
Los testeos públicos y gratuitos son tarea del Estado. El individuo que puede y quiere pagar su test, tiene la total libertad de elegir y concurrir al laboratorio de análisis clínicos más cercano a su domicilio, donde encontrará al bioquímico que lo asesorará y utilizará el mejor test disponible para su estado de salud frente al covid. No es necesario gastar dinero extra comprando reactivos en una farmacia: ¿alguien compra sus propios reactivos para el control de su tiroides para llevarlos luego al laboratorio?
El bioquímico ya tiene los reactivos en su laboratorio, los compra a distribuidores autorizados por el fabricante, los almacena en condiciones óptimas, conoce la calidad y lo utiliza constantemente. Eso asegura un resultado confiable.
(*) Mario O. Eposto es bioquímico (M.P. 1659). Presidente del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires.
