Una nueva denuncia por el caso de los supuestos aportantes truchos a la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 se sumó en las últimas horas. A diferencia de los nombres que trascendieron desde hace algunos días, esta vez, fue el propio protagonista quien fue en forma espontánea a la Justicia para aclarar la situación. Se trata de un funcionario judicial de Mercedes que asegura que figura en las listas con una suma de 1200 pesos.
Federico Rodolfo Zoccali se presentó el 11 de julio en la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Juan Ignacio Bidone, ante la posible comisión de un "delito de acción pública". Según describió, su nombre está en la nómina de aportantes y es, según él, algo que "nunca" pasó, informó Rodrigo Alegre en TN Central.
Los funcionarios judiciales tienen prohibido por ley ser aportantes. Hay por lo menos 400 personas a la que la Justicia Federal le está poniendo el ojo, en la causa que investiga Sebastián Casanello. El escrito de Zoccali está en el juzgado de Mercedes, encabezado por Pablo Morán.
// La Justicia investiga a Cambiemos por aportes truchos en la campaña bonaerense
Esta acusación se suma a otras que la Justicia viene instruyendo sobre la manera en la que Cambiemos financió la campaña electoral bonaerense en 2017. La sospecha es que muchos de los aportantes son beneficiarios de planes sociales.
Un familiar de la periodista Nancy Pazos también figura en las listas. En diálogo con TN.com.ar, la periodista confirmó que su papá está entre los nombres y aclaró que "es imposible que diera plata para la campaña porque es jubilado y no está relacionado con la política".
// Chequeá acá si aparecés en el listado de aportantes a la campaña 2017
Hay dos investigaciones que avanzan en paralelo y buscan determinar si, tal como figura en la documentación presentada por Cambiemos, las personas donaron fondos para la campaña o si, en realidad, sus nombres fueron utilizados sin su consentimiento como una presunta maniobra de lavado de dinero.
Como anticipó TN.com.ar, el fiscal federal Jorge Di Lello espera respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES, organismos a los que envió requerimientos de información para saber si quienes aparecen en el listado cobran planes sociales y si, en ese caso, tenían la capacidad financiera para donar fondos de entre $300 y $1500.
Una vez que obtenga toda la información hará una presentación en los tribunales de La Plata, ya que es en esa jurisdicción donde se habrían originado las maniobras irregulares. Estas medidas se suman a las dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello, que citó como testigos a 50 personas que aparecen en la lista de aportantes.